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Una sociedad “capacitada” para todos

La inclusión educativa y laboral, y la eliminación de barreras son los principales retos

Varias personas, en un centro de educación y formación para personas con discapacidad Gustavo Santos

Las personas con discapacidad representan el 10% de la población española, lo que supone que cerca de cuatro millones de ciudadanos en España tienen reconocida alguna discapacidad. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estas personas reivindican la igualdad de derechos, y el valor y la riqueza de la diversidad. “Las personas con discapacidad son parte de la sociedad. No podemos apartar a quienes no están dentro de los rangos de la ‘normalidad’. Todos somos diversos y diferentes, y eso enriquece. No podemos hacer guetos ni separaciones”, afirma Concepción Somoza, gerente de la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral (APAMP), una de las doce entidades sociales de Vigo y su área de influencia que estarán hoy (12.00 horas, plaza de la Estrella) en la sexta edición de “Baixo un mesmo paraugas”, iniciativa que celebran cerca de otras ochenta asociaciones en Pontevedra, Santiago, Ourense, Lugo, A Coruña, y a la que invitan a participar a la sociedad.

A pesar de que la sociedad ha avanzado en muchos aspectos y de las condiciones para las personas con discapacidad han mejorado sustancialmente de unos años a esta parte, la discriminación sigue estando presente en todos los ámbitos, desde el educativo y laboral al del ocio. “Aún queda mucho camino por recorrer”, sostiene Somoza.

“Todos somos diversos y diferentes, y esto enriquece”

Concepción Somoza - APAMP

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Según la gerente de APAMP, la accesibilidad universal no será una realidad mientras persistan las barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas que impiden a las personas con discapacidad desenvolverse en su entorno de una manera autónoma. “Hoy, depende mucho de dónde vivas. No es lo mismo vivir en un entorno urbano que en el rural ni en una ciudad u otra”, sostiene Somoza, quien también resalta las dificultades que tienen a la hora de acceder a la sanidad, especialmente aquellas personas que tienen grandes necesidades de apoyo.

En este sentido, Cogami, que engloba a 56 entidades, reclama una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, y medidas efectivas dirigidas a la financiación de obras y actuaciones para la mejora de la accesibilidad. “A día de hoy existen personas presas en sus propias casas porque la comunidad no permite la instalación de un ascensor”, denuncia esta organización.

Las entidades sociales reclaman también la introducción de pictogramas y otros medios para permitir la comunicación a las personas con discapacidad, como los dispositivos para implantes cocleares y el sistema de escritura adaptado, aún ausentes en muchos colegios e instituciones. “Muchas de estas mejoras son cuestión de voluntad pública. Todos somos necesarios y todos tenemos derecho al acceso a la información”, apunta Diego Viñas, gerente del Hogar y Clínica San Rafael.

En este sentido, Ángeles Leirós, gerente de la Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual, Aceesca, aboga por el trabajo de visibilización y concienciación. “No puede haber inclusión si la sociedad no participa”, defiende.

“La discapacidad sigue siendo una gran desconocida para la sociedad”

Ángeles Leirós - Aceesca

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Uno de los caballos de batalla de la discapacidad es la inclusión educativa. En España, el sistema educativo es obligatorio desde los 6 a los 16 años; por lo tanto, los centros educativos tienen que contar con medios y profesorado de apoyo ajustado a las necesidades de su alumnado con discapacidad y suministrarle los apoyos que precise. “Sin embargo, siguen saliendo noticias que evidencian la falta de recursos para que los niños estén incluidos en los centros escolares”, afirma.

A este respecto, la gerente de Aceesca añade que tanto en el ámbito educativo como en el formativo “queda todo por hacer”. “La discapacidad todavía es una gran desconocida para buena parte la sociedad y de ahí que la inclusión educativa sea tan importante para que los niños, desde pequeños, se habitúen a que hay capacidades diferentes”, defiende.

Cogami también habla de limitaciones durante la formación de los alumnos con discapacidad, lo que afecta negativamente a su inclusión laboral. Según esta confederación, en Galicia hay 8.379 menores con discapacidad con edades comprendidas entre los 0 y los 15 años, el 10% de estos con movilidad reducida. "A día de hoy, estos niños y niñas viven muchas situaciones discriminatorias que vulneran sus derechos fundamentales motivadas por la invisibilidad, la escasez de apoyos que necesitan para su autonomía personal y escolarización, sin olvidar la superprotección", afirma este colectivo.

El acceso al empleo es otro de los grandes frentes abiertos, ya que las personas con discapacidad son uno de los colectivos con más dificultades para entrar en el mercado de trabajo. “Falta que las empresas cumplan con su cuota de integración del 2% e incluyan a más personas con discapacidad, y que los planes educativos de discapacidad también se cumplan porque los alumnos de educación especial, que tienen que estar escolarizados hasta los 21, no obtienen ningún tipo de certificación, por lo que después, cuando acuden al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) no pueden acceder a cursos de formación. Si a la discapacidad le añadimos esta otra desventaja estamos condenando a muchos jóvenes a la exclusión social”, sostiene el gerente de San Rafael.

“Falta que las empresas cumplan con su cuota de integración del 2%”

Diego Viñas - Hogar-Clínica San Rafael

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El ocio es otro ámbito donde la discriminación sigue presente y que las entidades sociales demandan como parte fundamental del desarrollo de la persona. A este respecto, Viña pone un ejemplo: la imposibilidad de las personas con problemas de movilidad de acceder a cualquier grada del estadio de Balaídos, ya que no todas tienen acceso adaptado a una silla de ruedas.

Viñas alerta también del reto que supone el envejecimiento del colectivo de personas con discapacidad. “Antes, una persona con síndrome de Down tenía una esperanza de vida de 50 años. Hoy tenemos usuarios de 65 y70 años. Esto nos obliga a adaptarnos porque la provisión de apoyo es diferente”, dice.

El talón de Aquiles de estas entidades es la falta de recursos para continuar dando servicios y apoyo a sus usuarios. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) alertó hace unos días del riesgo real de desaparición de muchas ante la situación de precariedad económica debido a las crisis económicas y a la pandemia, aunque las asociaciones gallegas reconocen el esfuerzo de la Xunta para paliar esta situación.

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