Interior los llama "casos resistentes": víctimas de violencia de género expuestas a un riesgo elevado de volver a ser agredidas por su maltratador y que sin embargo rechazan ayuda policial. Para proteger a estas mujeres, la Secretaría de Estado de Seguridad ha elaborado una instrucción con el objetivo de que los agentes sepan cómo actuar ante estos casos y movilicen a las autoridades judiciales y fiscales, así como a las oficinas de atención a las víctimas del delito y los servicios sociales y asistenciales.

"Tenemos los casos resistentes: mujeres que, por el motivo que sea, no quieren la protección policial. Estamos investigando los porqués para ver qué podemos hacer. Los agentes policiales tienen que tomar conciencia de esta situación, hablar con ella, informarle del riesgo que realmente corre. (...) Hemos tenido varios homicidios de víctimas resistentes. Es un índice de riesgo, no solamente de ser agredidas nuevamente sino de homicidio", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la responsable de Área contra la Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, la comisaria María Jesús Cantos.

Las víctimas resistentes, con dificultades para denunciar y que rehúsan cooperar con las fuerzas y cuerpos de seguridad que acuden a protegerlas, preocupan a Interior desde hace años.

Son mujeres que "voluntariamente y de forma manifiesta y reiterada" renuncian a su protección policial o aquellas que, sin renunciar abiertamente a esa protección, la dificultan e incluso la imposibilitan.

Factores que dificultan la petición de ayuda

El Área contra la Violencia de Género de Interior ha investigado este fenómeno para darle una mejor respuesta. Y ha descubierto que, en general, las características que presentan tienen mucho que ver con la dificultad que les supone romper definitivamente la relación abusiva. No se puede perder de vista que la media para poner fin a estos vínculos violentos de control y dominio supera los 8 años: el miedo, la culpa, la vergüenza o las presiones familiares pueden hacer ese camino aún más escarpado.

Los investigadores de VioGén también han detectado que en este grupo de resistencia aparecen con mayor frecuencia mujeres que han sufrido violencia de distintos agresores en su vida; que padecen adicciones; en situación administrativa irregular; con enfermedades mentales; que se aproximan con cierta desconfianza al proceso y renuncian a continuar el trámite judicial; que sólo solicitan ayuda inmediata ante una emergencia; que confían más en sus recursos personales que en la ayuda institucional o víctimas que carecen de cualquier recurso.

Uno de los últimos feminicidios de este año, el presunto asesinato de una mujer de 69 años en Benalmádena (Málaga) por su marido diagnosticado de Alzhéimer, se incluye en esta categoría. "De las tres veces que acudió la policía, sólo en una de ellas puso denuncia y luego en el juzgado no quiso seguir adelante. (...) Ella tenía conciencia de que no era él quien la agredía, sino que lo hacía a causa de la enfermedad y creía que ella controlaba la situación", indica Cantos.

La realidad muestra cómo existe un conjunto de víctimas que solicitan ayuda puntual de los cuerpos policiales para "solucionar una situación inmediata", una emergencia, pero no para interponer una denuncia. Quieren únicamente "corregir el comportamiento del agresor", solucionar el conflicto, pues tienen esperanzas de que el maltratador cambie.

"A veces lo que buscan simplemente es que en ese momento, cuando llaman a la policía, pongan límites. Pero luego tienen la conciencia de que controlan la situación y no es así, porque conocemos de sobra el fenómeno de la violencia de género y no es así. No tienen control sobre nada y no perciben la gravedad de lo que está pasando", alerta la comisaria.

En estas situaciones, continúa, los agentes tienen mucha dificultad para estimar el riesgo real que tienen de sufrir una nueva agresión. Estas víctimas suelen evitar hacer valoraciones negativas del agresor y justifican el comportamiento violento.

¿Qué hacer en estos casos?

La valoración policial del riesgo al que está expuesto una víctima de violencia de género se hace a través del sistema VioGén. A raíz del relato de la mujer maltratada, este sistema analiza distintos indicadores para determinar la probabilidad de que el agresor reincida y la vuelva a agredir, y también prevé el grado de peligrosidad de esa agresión. Asimismo, un algoritmo estudia el riesgo de homicidio.

En función de los resultados, los cuerpos policiales informan a las autoridades fiscales y judiciales y elaboran un plan de seguridad personalizado para cada víctima.

Sin embargo, VioGén funciona con la información que proporciona la mujer que denuncia. Sin su colaboración, no se puede hacer la evaluación del riesgo ni ofrecerle un plan de seguridad.

Ante la complejidad del fenómeno de las víctimas que se resisten a recibir protección, la Secretaría de Estado de Seguridad ha publicado una instrucción para que los agentes sepan cómo deben actuar.

En los casos en que se renuncie a la protección, la dificulte o la imposibilite, "se procederá a informar detalladamente de estos extremos a la autoridad judicial y fiscal". Además, "se promoverá que entren en contacto con la víctima otras instituciones como oficinas de atención a víctimas de delito, servicios sociales o asistenciales".

La instrucción explica que cuando las mujeres recurren a los cuerpos policiales en una situación de emergencia, resulta muy importante dedicar el tiempo necesario para explicarles que la denuncia "es un catalizador enfocado a terminar con la violencia que sufren".

"Es esencial una buena entrevista con la víctima prestando atención a la historia de violencia sufrida, los numerosos intentos infructuosos de cambio o de romper la relación que se hayan ido sucediendo a lo largo del tiempo y así reconducir en lo posible las creencias erróneas sobre el proceso posterior a la denuncia. No hay que olvidar que la mera ilusión o expectativa de poder recuperar la relación está estrechamente relacionada con el rechazo a la protección policial y la posible renuncia al proceso penal", se lee en la instrucción de la Secretaria de Seguridad.

Cuando se detecten conductas de abuso de tóxicos, deberán favorecer que la víctima esté en contacto con recursos asistenciales especializados. Si la mujer es extranjera y no habla el idioma, habrá que recurrir a intérpretes "sensibles" que conozcan el fenómeno de la violencia de género e informarla además de sus derechos, para que conozca que no habrá un expediente sancionador de expulsión en el caso de que esté en situación irregular y sea eso lo que la esté frenando.

Los agentes deben trasladar la importancia de que la mujer conozca el nivel de riesgo al que están expuestas, para que comprendan el grado de peligrosidad del agresor, lo que resulta crucial para su protección y autoprotección.

"Las víctimas pueden infravalorar su riesgo y no adoptar las medidas sugeridas o, por el contrario, ser muy conscientes de su riesgo y de la peligrosidad potencial del agresor y desde una percepción sesgada de 'ilusión de control' pensar que ellas pueden manejar el riesgo y controlar sus efectos. Sendos mecanismos sitúan a las víctimas en una situación de mayor riesgo", precisa Interior.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010Todos los recursos contra la violencia de género.