La amenaza de desahucio pende sobre una familia vulnerable de Palma de Mallorca a menos que alcance un acuerdo para la renovación de su alquiler con el fondo de inversión propietario del piso. Un juzgado de Palma ha fallado a favor de la empresa, que pedía el desalojo de este hogar, formado por un matrimonio y dos menores, al haber expirado su contrato. Sin embargo, ofrece a los demandados la opción de permanecer en el inmueble si logran alcanzar un acuerdo con la propiedad para suscribir un nuevo alquiler social.
La abogada de la familia, Gloria Olmos, defendió durante la vista celebrada el pasado 4 de octubre que la familia está en situación vulnerable. Asimismo, señaló que la propiedad, Promontoria Coliseum Real State, no había comunicado la resolución del contrato en tiempo y forma. Y recordó que, al tratarse de un contrato de arrendamiento social tutelado por el Ayuntamiento de Palma, era necesario abrir un proceso de mediación en lugar de proceder a un desahucio.
La juez ha estimado procedente declarar la vulnerabilidad de la familia -perciben el ingreso mínimo vital y una ayuda de cien euros por los dos menores a su cargo- y suspende el lanzamiento hasta que ambas partes alcancen un acuerdo para firmar una nueva renta social o, en su defecto, la administración encuentra una alternativa habitacional. El fallo es recurrible y, aunque se presta a una cierta ambigüedad, en la práctica la familia ha ganado tiempo.
Promontoria Coliseum Real State es el propietario del inmueble desde diciembre de 2019, cuando se lo compró al Banco Sabadell. Esta entidad había firmado en septiembre de 2017 un alquiler social de tres años de duración con las familias que habitaban las ocho viviendas con la intermediación del Ayuntamiento de Palma. En 2020 el fondo comunicó a los inquilinos, todos ellos familias vulnerables, su intención de no renovar los contratos. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia y las medidas del escudo social decretadas por el Gobierno los alquileres quedaron prorrogados automáticamente otros seis meses.
El año pasado la propiedad instó a todas las familias a abandonar sus viviendas al entender que todos los contratos estaban resueltos y que ya no regía ninguna situación de excepcionalidad. El pasado mes de julio hubo una primera sentencia favorable a una familia amenazada de desahucio después de que el juez entendiera que la empresa no había comunicado su decisión de no renovar el contrato de acuerdo a la normativa.
