Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Ciencia Política y de la Administración, hace ahora 47 años que Joan Subirats (Barcelona, 1951) se convirtió en docente universitario. Lo hizo de la mano de Jordi Solé Tura, su director de tesis.
Teniente de alcalde de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad en el Ayuntamiento de Barcelona, en diciembre fue reclutado por el Gobierno de coalición para sustituir a Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades. Heredó de su predecesor el proyecto de ley del sistema universitario (Losu), un texto que hizo que los rectores y los estudiantes sacaran las uñas.
Tras recorrerse más de 30 universidades por toda España y reunirse con rectores, alumnos y sindicatos, Subirats -hábil negociador- hizo suyo el proyecto. Lo convirtió en una norma más continuista y menos reglamentista. La Losu, finalmente, ya ha llegado al Congreso, donde los grupos parlamentarios han presentado 800 enmiendas.
Subirats recibe a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, en la sede del ministerio, en Madrid. Confía en que la ley salga aprobada a principios del año que viene sin cambios sustanciales respecto a los artículos más importantes: financiación, reducción de la temporalidad de los docentes y ciencia abierta.
Quiere que sea una ley consensuada, pero la financiación será un escollo. ¿Se podrá superar?
En el texto hemos incorporado el compromiso de que el 1% del PIB se dedique a la enseñanza universitaria. Recordemos que de todo el dinero que reciben las universidades de las administraciones públicas, más del 85% viene de las comunidades autónomas, que usan los recursos que les traslada el Estado. No son fondos finalistas, así que cada territorio puede decidir si los destinan para esos fines u otros. Forma parte de sus competencias. Tenemos que dar seguridad a las comunidades de que no no va a pasar aquello de ‘yo invito y tú pagas’.
El presidente manchego, el socialista Emiliano García-Page, ya ha dicho que él no apoyará ningún gasto extra.
El 9 de noviembre he quedado con él para aclararle lo que haga falta.
¿Qué le dirá?
Que aquí hay tres ejes: Estado, comunidades y universidades. El Estado se tiene que comprometer a aumentar su financiación y las comunidades se tendrán que comprometer a destinar esos fondos a la educación superior. Habrá, no obstante, un calendario de adaptación hasta 2030.
¿Con el PP y Vox hay algo que hacer en la negociación parlamentaria de la ley?
El PP ha presentado muchas enmiendas y algunas se están aceptando. En el caso de Vox tengo mis dudas. No acabo de ver que podamos entendernos. Parten de un punto muy ideológico.
¿Por qué las normas educativas se convierten en herramientas políticas?
La ley responde a un trabajo colectivo, no hemos improvisado. Las enmiendas que hemos recibido tienen un carácter muy constructivo. No veo que haya nadie que discuta que esta ley mejora la ley anterior, que es de hace 20 años cuando apenas había competencias autonómicas en materia de universidad. Detrás de las personas y los grupos parlamentarios, hay ideas e intereses. Pero hemos de conseguir que la ley sea útil. No será la ley que yo haría o que harían los estudiantes o que haría el señor Page. Pero es una ley de todos.
¿Habrá algún cambio radical sobre el proyecto que aprobó el Gobierno?
Diría que no. Además, estamos buscando la manera de que no sea traumático. Las universidades no tienen que tener vértigo. Hay un plazo, hasta el 31 de diciembre de 2024, para completar el proceso que se refiere a los profesores asociados, que ya tendrán contrato indefinido y bajarán de 180 horas lectivas a 120. La ley no entrará en vigor hasta el curso 2025-26 en lo que se refiere al profesorado. La temporalidad quedará reducida a un 8%: docentes visitantes, distinguidos y sustitutos.
Una de las enmiendas recibidas es para que los colegios mayores que segregan por sexo no estén adscritos a una universidad pública.
Adscribirse significa aceptar los valores de la universidad. No podemos mantener la incongruencia de que los estatutos de las facultades hablen de equidad y el colegio mayor segregue.
"La Losu no hará milagros, pero dará herramientas para combatir la brecha de género en las facultades"
¿Cómo combatirá la ley la discriminación o el acoso hacia las mujeres, un problema denunciado por El Periódico de Catalunya?
El ministerio estará vigilante. Pero además hay un sistema de gobernanza, en el que están las universidades, las comunidades y los estudiantes, que hará el seguimiento. La Losu no hará milagros, pero dará herramientas para combatir la brecha de género. Hemos incorporado elementos para que no se produzca esa disparidad evidente entre los primeros niveles del acceso universitario a los escalafones de mayor decisión y poder. Hay unos años en los que la maternidad hace que las profesoras e investigadoras reduzcan sus posibilidades. La ley está llena de elementos para ir corrigiendo esto. Haremos seguimiento con datos.
¿Habrá datos, por fin, estadísticas actualizadas?
Las facultades tienen unidades de género, que están unidas en una red. Y hay constituida una mesa de género y universidades que se va reuniendo periódicamente.
"Este invierno habrá que ir a clase con un jersey y no en mangas de camisa"
La crisis energética por la invasión de Ucrania amenaza el invierno. ¿Van a pasar mucho frío los estudiantes?
El plan de contingencia se tienen que trasladar a las universidades. He pedido a la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera que organice un encuentro con los rectores. La calefacción estará, como dice la normativa general, a 19 grados. Habrá que ir a clase con un jersey y no en mangas de camisa.
Castells quería luchar por una universidad gratuita. ¿Lo ve un objetivo factible?
Hemos avanzado muchísimo en becas, que ya llegan a casi 400.000 universitarios. Si a eso sumas la reducción de tasas… En todo caso, efectivamente, en la Losu hemos especificado que el horizonte en el que trabajamos es la gratuidad de la universidad.
