El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España en los últimos cinco años. Ratificado por amplia mayoría el compromiso político para su renovación, el Parlamento tiene que arremangarse en el nuevo curso para renovar sus medidas y consensuar un nuevo dictamen que marque la actividad institucional para combatir en el futuro las distintas violencias contra las mujeres.
Así se lo han pedido Gobierno y comunidades autónomas a Congreso y Senado, que esperan de ambas cámaras que actualicen el dictamen del Pacto (su contenido) y amplíen el "horizonte temporal necesario para materializar el conjunto de medidas", según han acordado en la última Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en Tenerife.
La vigencia temporal del presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género caduca a finales de septiembre de este año, si bien las autonomías y el Ejecutivo ya han prorrogado su sistema de financiación "para el ejercicio de 2023 y sucesivos". Junto a esa decisión, han trasladado a las Cortes la necesidad de que ellas modifiquen el propio Pacto para garantizar su estabilidad en el tiempo
"El Pacto de Estado caducaba el 28 de septiembre y nos adelantamos a su finalización y llegamos con los deberes hechos y esa es una buenísima noticia", explicaba la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.
Este Pacto, aprobado el 28 de septiembre de 2017, fue el resultado de sendos informes en los que Congreso y Senado diagnosticaban la situación de la lucha contra la violencia de género en España y los problemas para avanzar hacia su erradicación y proponían más de doscientas actuaciones a las distintas instituciones (como una ley integral contra la violencia sexual, suspender las visitas a los padres maltratadores o una ley contra la trata). Junto a esas medidas, un compromiso de financiación de 1.000 millones de euros para cinco años (2018-2022).
Fuentes parlamentarias precisan a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, que el propio Pacto exige su renovación en sede parlamentaria y que ahora las Cámaras tendrán que analizar qué medidas se han cumplido, cuáles quedan pendientes y en qué dirección hay que actualizar el dictamen para combatir con eficacia todas las violencias que afectan a las mujeres por el mero hecho de serlo.
Las comisiones de seguimiento del Pacto en Congreso y Senado se han estado reuniendo y escuchando a expertos durante estos años para conocer el alcance de las medidas, añaden estas fuentes, y ahora tienen que recolectar y ordenar los trabajos para "extraer conclusiones" y abordar la renovación.
"El Pacto de Estado está compuesto por más de doscientas medidas y esa es la renovación a la que nos tenemos que dirigir. Cualquier decisión debe contar con el respaldo del Congreso y el Senado", indican las fuentes consultadas.
El propio Congreso aprobaba este mes, en el marco del debate sobre el estado de la nación, una resolución para evaluar la implementación del Pacto y apoyar su renovación en la Comisión de Seguimiento, ya que la Cámara Baja considera que "nuevas direcciones del pacto deben asentarse en sede parlamentaria precisamente porque su mayor fortaleza reside en ser un gran acuerdo político."
La voluntad política
Ya el pasado 25 de diciembre, todas las formaciones políticas con representación parlamentaria -a excepción de la extrema derecha- escenificaron su respaldo del Pacto de Estado y rubricaron "la voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando" por el cumplimiento de sus medidas y el establecimiento de un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan.
Aquello fue la renovación de la voluntad política, ahora es el momento de trasladar esa voluntad a medidas concretas que mejoren la respuesta institucional a todas las violencias que se ceban con las mujeres.
En un breve documento, las fuerzas políticas se comprometieron a impulsar 13 ejes de actuación. Entre ellos, legislar para combatir las violencias machistas digital, vicaria y económica, hacer campañas de sensibilización contra el maltrato destinadas a los hombres o blindar una financiación "estable, suficiente y adecuada" que no dependa de la disposición de cada Gobierno.
En este sentido, la ley del sólo sí es sí -que será aprobada en las próximas semanas- obligará al Ejecutivo a garantizar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
