Constantino era amigo de Joaquina. Tenía en su móvil una fotografía en la que ella, que era quien se la había hecho llegar, aparecía desnuda. El 6 de junio de 2016, Constantino decidió compartirla: envió la imagen a Federico, compañero sentimental de Joaquina, incurriendo en un delito de revelación de secretos por el que fue castigado con una multa de algo más de 1.000 euros.
Constantino recurrió. Llevó el caso hasta el Supremo, y allí su abogado argumentó que la culpa de todo, en el fondo, la tenía Joaquina. Había sido ella quien había tomado y enviado la foto, insistió el letrado. Pero el alto tribunal, que por vez primera confirmó una condena por este tipo de comportamientos, dejó claro que aquello no tenía sentido. “Quien remite a una persona en la que confía una foto expresiva de su propia intimidad no está renunciando anticipadamente a esta. Tampoco está sacrificando de forma irremediable su privacidad. Su gesto de confiada entrega y selectiva exposición a una persona cuya lealtad no cuestiona ni merece el castigo de la exposición al fisgoneo colectivo”, señalaron los magistrados.
Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando uno pierde el control sobre sus imágenes más privadas. Primero, el castigo de la “exposición al fisgoneo colectivo”. Después, la reversión de los roles, convirtiendo a la víctima en culpable.
El último caso ha sido el de Santi Millán. Hace una semana, se filtraron unas imágenes sexuales del actor y presentador de televisión con una mujer que no era su pareja. “La noticia aquí es que se ha cometido un delito”, dijo Millán a ‘Abc’. No para una parte de la sociedad, que nada más conocer las imágenes atacó a la víctima. “El peligro es hacer imbecilidades, grabarlas y exponerlas. Las redes no tienen la culpa de las inmoralidades de las personas. Las redes son el mensajero”, señaló un usuario de Twitter. “¿Por qué se graba y envía el vídeo? ¿Somos tontos?”, se preguntaba otro. Hay cientos de mensajes de este tipo en las mismas fechas en las que la serie 'Intimidad' de Netflix narra los problemas de una política independiente después de que se filtre un vídeo suyo manteniendo relaciones sexuales en la playa.
Muchos desviaron la atención hacia la pareja del actor, la periodista Rosa Olucha. Hubo memes que se burlaban de su hipotética reacción al conocer el vídeo, y también muestras de equivocada solidaridad. “A todos los que me preguntáis ‘¿cómo estás?’ o me decís cosas del tipo ‘lo siento, tienes todo mi apoyo’, os comento: lo primero, yo estoy bien –reaccionó Olucha en su perfil de Instagram-. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más. (…) Yo no soy una víctima. Ni él es mío ni yo soy suya”.
Doble estándar
Si hubiese sido una mujer en lugar de un hombre el personaje famoso que ha sido esta vez víctima de la quiebra de su intimidad, todo habría sido peor, explica Mónica Ojeda, pedagoga especializada en adolescentes y profesora de la Universidad de Sevilla. “Es algo que se ha visto en España y en otros países, el doble estándar sexual. Juzgamos a las mujeres de forma mucho más dura que a los hombres por los mismos comportamientos. Es una dinámica compleja. La sociedad considera en muchas ocasiones como algo positivo para su reputación que a una chica le pidan una imagen sexual. Pero si finalmente la envía, es sancionada. Cuando ese mismo comportamiento lo protagoniza un chico se le juzga de forma distinta, e incluso gana aceptación y estatus social en su grupo de iguales”, señala.
Ojeda llevó a cabo más de 10.000 cuestionarios para su tesis doctoral sobre el intercambio de contenidos de carácter sexual a través de internet, publicada el año pasado. La investigación contiene datos muy interesantes. Por ejemplo, que el 9,3% de los adolescentes españoles reenvía este tipo de imágenes sin tener el consentimiento de las personas que allí aparecen, un porcentaje mayor que el 8,1% que manda contenido propio. “Es un dato preocupante, porque refleja que hay mucho contenido que se está distribuyendo a través de los móviles y redes sociales sin consentimiento”, explica Ojeda, cuyo trabajo también refleja que no hay “diferencias de género significativas” en el envío del llamado ‘sexting’, pero que son los chicos quienes reenvían más contenido sexual sin consentimiento.
Fue el caso de una mujer el que provocó una reforma específica para perseguir estas prácticas. En 2012, empezó a circular un vídeo sexual de Olvido Hormigos, entonces concejal en el Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo). Lo había difundido una persona con la que mantuvo una relación, a quien ella misma se lo había enviado, así que no hubo ninguna condena, al considerar el juez que las imágenes no habían sido conseguidas de forma ilícita. Tres años más tarde, se introdujo el artículo 197.7 del Código Penal, que castiga con tres meses a un año de cárcel y multa de seis a doce meses a quien sin autorización “difunda, revele o ceda” imágenes de una persona que hubiera obtenido con “su anuencia”, siempre que la “divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona”.
El precepto, en principio, no afecta a quienes reciben el material de una persona distinta a la víctima y después lo reenvían. Pero una nueva norma, la de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí', castigará este comportamiento con multa de uno a tres meses. El proyecto se encuentra ahora mismo en discusión en el Senado, y fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que podría entrar en vigor en septiembre.
Las condenas por ‘sexting’, en cualquier caso, pueden contarse casi con los dedos de una mano. En gran parte, como explican en la Policía Nacional, porque la inmensa mayoría de los casos no se denuncian. Ojeda tiene la misma percepción. “La sexualidad sigue siendo un tema tabú. Parece que la vergüenza que siente la víctima por los juicios sociales de su entorno tiene mucho que ver con esto”, explica la investigadora. El caso más dramático tuvo lugar en 2019, cuando una mujer se suicidó cinco días después de que comenzaran a propagarse entre sus compañeros de trabajo fragmentos de un vídeo sexual en el que ella aparecía. La víctima, de 32 años y madre de dos niños, no había denunciado. La jueza acabó cerrando el caso, al no poder determinar quién había comenzado la cadena de reenvíos.
El experimento
Dos psicólogos australianos llevaron a cabo hace un par de años un curioso experimento sobre las víctimas de ‘sexting’. Enseñaron a 122 personas imágenes de la misma mujer, cuyas fotografías habían sido propagadas sin su consentimiento. Cuanto más explícito era el material, más tendían los participantes a culpar a quien había visto cómo su intimidad era pisoteada. “Los resultados muestran la tendencia a responsabilizar a la víctima”, señaló el trabajo.
“Es algo que he visto con muchos adolescentes –concluye Ojeda-. Cuando hablas con ellos, algunos te dicen: ‘Pues que no lo hubiese grabado y enviado”. Tal cual Santi Millán.
