La nueva ley del aborto elaborada por el Ministerio de Igualdad garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y acabará con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años. Así lo recoge el borrador al que ha tenido acceso la Cadena SER, cuyos aspectos clave ya fueron desvelados por la ministra Irene Montero el pasado mes de febrero, y que, tras entrar en la última fase de negociación, prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes, 17 de mayo.
El texto mantiene los plazos vigentes en la norma actual: el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación; hasta la semana 21 en caso de aborto terapéutico; esto es, aquella interrupción del embarazo justificada por razones médicas como riesgo para la vida o la salud de la embarazada; y a partir de la semana 22 si se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida.
A mayores —y en contraste con la corriente reaccionaria que se quiere imponer en países como EE UU—, amplía los derechos incluidos hasta ahora en la ley aprobada en el año 2010 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y posteriormente reformada en 2015, con Mariano Rajoy en la Moncloa.
A continuación exponemos las principales novedades:
Consentimiento paterno
La nueva ley acaba con el periodo de reflexión de tres días y con la obligación de entregar a las mujeres que vayan a abortar un sobre con información acerca de las prestaciones existentes de apoyo a la maternidad. Así mismo, elimina el requisito de contar con el consentimiento paterno para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo.
"Aún hoy en nuestro país muchas mujeres que deciden abortar reciben como respuesta un trato que las infantiliza y cuestiona sus decisiones. (...) Muchas mujeres deben desplazarse cien o doscientos kilómetros para poder llegar a un centro en el que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo porque no existen recursos públicos en sus provincias para hacerlo y después de ese camino, esas mujeres reciben un sobre en el que se les vuelve a pedir que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres, a pesar de que hayan tomado ya la decisión de interrumpir su embarazo. Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas en el momento en el que las toman", enfatizaba Irene Montero en su intervención en el Congreso de los Diputados recogida por El Periódico de España.
Derecho al aborto en hospitales públicos
La nueva norma quiere blindar la interrupción del embarazo en la sanidad pública de todas las provincias y a todas las mujeres. Para hacerlo, Igualdad reproducirá el modelo de la ley de eutanasia, creando un registro de sanitarios objetores de conciencia y garantizando que en todos los centros públicos haya profesionales de ginecología y obstetricia dispuestos a realizar las intervenciones.
Como recordaba Montero, según datos recabados en 2020, en doce provincias no se había notificado ni una sola interrupción del embarazo en los últimos cinco años: Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. "Las mujeres en el 2022 no tienen que desplazarse hasta Londres como en los 70, pero sí tienen que irse a otro territorio, lejos de su casa, lejos de sus amistades, lejos de sus familias, para poder ejercer su derecho a decidir", lamentaba la ministra.
De esta forma, Igualdad contempla que las mujeres que decidan abortar puedan decidir el método de interrupción del embarazo y una vez acudan a su centro de salud para solicitarlo, serán derivadas inmediatamente a un centro hospitalario por un procedimiento de urgencia. La norma prevé además una línea telefónica especializada a la que pueden recurrir para recibir información y conocer los derechos que le asisten.
Vientres de alquiler
El borrador de la nueva ley también considera la gestación subrogada como una forma de violencia contra la mujer. Por ello, prohíbe publicitarse a las agencias intermediarias y establece que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran a recursos en el extranjero para acceder a esta práctica ilegal en España.
Salud menstrual
El Ministerio de Igualdad también ha incorporado en su borrador diversos aspectos relacionados con la salud menstrual. El más 'revolucionario' es la baja laboral de tres días para aquellas mujeres que sufran reglas dolorosas que las incapacitan para trabajar con normalidad por quistes, miomas o endiometriosis, una medida que ya se aplica en países como Japón, Indonesia, Corea del Sur o Taiwán.
Así mismo, el texto incluye rebajar el IVA del 10% que soportan los productos de salud menstrual y de higiene femenina, el reparto gratuito en centros educativos de productos de higiene femenina y su acceso, también gratuito, a las mujeres en riesgo de exclusión y aquellas que se encuentren en la cárcel.
La financiación pública de los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después, así como su distribución gratuita en los institutos durante las campañas de educación sexual son también novedades contempladas por Igualdad en su propuesta legislativa, que reconocería además la baja laboral por interrupción del embarazo y un permiso de maternidad a partir de la semana 36 de gestación y hasta el momento del parto.
