Cuando se han cumplido ya nueve meses de la detención e ingreso en un centro de menores de dos de los investigados por la muerte de Samuel Luiz, en julio del año pasado, sus amigos y amigas se declaran “preocupados” por si se los encuentran por la calle. Y es que, en cumplimiento de la ley del menor vigente, los menores no pueden estar más de nueve meses privados de libertad si no se ha marcado la fecha de juicio. Es por ello por lo que los amigos de la víctima reclaman que se cierre la instrucción y que se fije ya la fecha en la que se celebrará la vista.
“Estamos preocupados por si nos los encontramos por la calle. No es lógico que los suelten sin que haya un juicio ni un castigo”, comenta Leo Rodríguez, uno de los amigos de Samuel, que asegura que, aunque todavía no saben cuándo, les gustaría convocar una manifestación para pedir justicia. Están preocupados no solo por si se cruzan con estos dos jóvenes sino también por si vuelven a verse inmersos en otra pelea y hay otra víctima, como lo fue aquel 3 de julio Samuel Luiz en Riazor.
La Policía Nacional inició una investigación justo después de los hechos para intentar dar con los autores de la paliza mortal a Samuel Luiz. El 9 de julio ingresaron en prisión tres varones mayores de edad y dos menores —uno de ellos con antecedentes policiales—. Ese día, al pasar a disposición judicial, una chica —pareja de uno de los detenidos mayores de edad— quedó en libertad pero con obligación de comparecer periódicamente en el Juzgado.
El 29 de septiembre ingresó también en prisión otro joven, varón y mayor de edad, después de que los agentes corroborasen con la mejora de las imágenes de las cámaras de tráfico, que había mentido en su declaración ante la Policía Nacional. La Audiencia Provincial atendió el recurso de su letrado y, el 2 de noviembre, lo dejó en libertad, al entender que, en ese momento procesal, no existían motivos para que el joven siguiese privado de libertad. Al igual que la chica, este sospechoso sigue investigado en la causa y tiene la obligación de presentarse periódicamente en sede judicial. Todos ellos están investigados por un delito de homicidio o asesinato —a definir a lo largo de la instrucción—. Al cuarto detenido, un varón mayor de edad, también se le imputa el robo del móvil de la víctima, ya que, durante la reyerta, lo cogió y se lo llevó a su casa, según confesó a los agentes. Lejos de entregarlo como prueba cuando sabía ya que el joven había fallecido, lo tiró a un contenedor.
Los amigos de Samuel reclaman que se señale ya el juicio para poder conocer qué papel tuvo cada uno de los sospechosos en la paliza mortal a su amigo y también para que los autores materiales cumplan la pena que les corresponda. Por ahora, la única intervención que está clara es la de dos hombres senegaleses, Ibrahima y Magatte, que, al ver que Samuel estaba siendo atacado por dos jóvenes intentaron defenderlo y protegerlo. Incluso consiguieron cruzar con él la calle, pero no pudieron evitar que se sumasen más personas a la agresión y que le pegasen hasta la muerte.
