El umbral de máximo riesgo de transmisión de COVID-19, según el baremo que entra mañana en vigor, no se alcanzará hasta que la incidencia acumulada a 14 días supere los 2.500 casos por 100.000 habitantes, cinco veces más que en el “semáforo” vigente hasta hoy mismo, en el que ese nivel de “riesgo muy alto” estaba fijado a partir de 500 casos. Además, esta nueva evaluación se basará únicamente en los test realizados a los mayores de 60 años, que serán los únicos casos sospechosos a los que de forma general se hará PCR, junto con los inmunodeprimidos y las embarazadas.
La nueva “Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia”, elaborada por la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad y avalada por la Comisión de Salud Pública, que incluye a las comunidades, monitoriza los “casos graves y en ámbitos y personas vulnerables”, según reza el documento del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.
Algunos expertos han cuestionado que se eleven los indicadores para la evaluación de riesgo precisamente a los más vulnerables, los mayores de 60 años. Además, en todas las olas los contagios aumentan primero en adolescentes y adultos jóvenes, que tienen más interacciones sociales. Luego la incidencia se traslada a los mayores, y cuando se detecta en esos grupos etarios es demasiado tarde para tomar medidas, como ocurrió con la primera onda y la alta mortalidad en residencias. En conjunto, estos centros concentran casi un cuarto de las muertes por COVID-19 en España.
Un editorial de “Nature” subraya que “no es momento de dejar de rastrear el COVID-19”, y que “para convivir con el virus no podemos quedarnos ciegos a sus movimientos”. También ha sido muy crítico el epidemiólogo y exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña, quien en declaraciones a Cope ha dicho que dejar de medir la incidencia en términos absolutos “no tiene justificación” y es una forma “de autoengaño”. El cambio no tiene “ninguna solidez de salud pública ni epidemiológica”, ha recalcado.
