Uno de cada tres fallecidos por COVID-19 en Galicia entre marzo de 2020 y junio de 2021 era residente de centros sociosanitarios (residencias y centros de discapacidad), la mayor parte de centros geriátricos, debido principalmente a las características de los usuarios y de los propios centros, según el informe “Impacto del COVID-19 en los centros sociosanitarios de Galicia” realizado por el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que analiza la incidencia y mortalidad por COVID-19, y su evolución en estos centros en los primeros dieciséis meses de pandemia. La tasa de letalidad en el periodo estudiado fue de 17,2%, es decir, 17 de cada cien usuarios de residencias contagiados por SARS-CoV-2 fallecieron. En total, 733 residentes. Aun así, en el contexto nacional, Galicia es la comunidad, junto con Canarias, con una menor mortalidad por COVID-19 entre los usuarios de estos centros.
Asturias, con una incidencia y una estructura sociodemográfica similares tuvo el doble de mortalidad. Según Alberto Ruano, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC y uno de los autores del informe, hay varios factores que pueden explicar esta diferencia. Primero, que Galicia fue una de las comunidades menos afectadas en este periodo. Segundo, las medidas adoptadas en cada comunidad para tratar de cortar la transmisión.
Entre marzo de 2020 y junio de 2021, las residencias gallegas registraron una tasa de incidencia del 20,8%, es decir, dos de cada diez de sus usuarios se contagiaron de COVID-19. De los 384 centros geriátricos que hay en la comunidad, 170 tuvieron en algún momento del periodo estudiado al menos un episodio de COVID-19. Esto significa que el 44,3% se vieron afectadas por el virus.
“Que casi el 60% de las residencias hayan estado libres de virus durante todo este periodo es un dato importante porque una vez que el virus entra es complicado cortar la transmisión porque en el momento en que se detecta el primer caso ya ha tenido contacto con otros usuarios”, afirma Alberto Ruano.
En términos de morbilidad, la provincia más afectada fue Pontevedra, con una tasa de incidencia en residencias del 31,8%, seguida de Ourense, con un 24,7%. En cuanto a la mortalidad, no se observaron diferencias entre provincias, si bien la tasa de letalidad de A Coruña fue dos puntos porcentuales mayor (17,6%) que la de Pontevedra, Lugo y Ourense, cuyas tasas rondan el 15%.
El primer caso de coronavirus en una residencia gallega se registró el 19 de marzo de 2020. Desde ese día y hasta el 29 de junio de 2021 se registraron 4.841 casos entre los usuarios de los centros sociosanitarios –el 92,9% en centros geriátricos (4.499 contagios) y 7.1% en los de discapacidad–, lo que supone el 3,7% del total de los casos registrados en la comunidad y que ascienden a 129.735 personas.
Según el estudio, residir en centros cerrados ha contribuido a aumentar el riesgo de contagiarse de COVID-19, entre otras razones, porque en ellos viven personas de edad avanzada y con comorbilidades, atendidas por un numeroso personal, al que hay que sumar las visitas que reciben. Sin embargo, el impacto se fue reduciendo a medida que avanzaba la pandemia. Para conocer su evolución, los investigadores dividieron esta etapa en tres periodos que han denominado primera ola (15 de marzo-22 de julio de 2020); segunda ola o prevacunación (23 de julio-27 de diciembre de 2020), y tercera ola o postvacunación (27 de diciembre de 2020-29 junio de 2021).
“En la segunda ola la letalidad en los centros se redujo casi un tercio”
Ruano explica que, durante la primera ola, se registró un importante pico de casos en usuarios de residencias y una elevada mortalidad. Al final de este periodo, se habían registrado 1.245 casos en las residencias y 272 fallecidos, con una letalidad del 21,9%. La falta de medios para poder confirmar los casos y el desconocimiento sobre la enfermedad y sobre cómo controlar su transmisión explican esta eclosión de casos, según el coautor del estudio. En la etapa prevacunación, se observa un control de la enfermedad en estos centros, en lo que no se da ningún caso en julio y agosto. Sin embargo, a partir de octubre, los contagios aumentaron “explosivamente” hasta los 2.005. “Sin embargo, la mortalidad se redujo en torno a un tercio por las medidas de control dentro de las residencias, una cifra relevante en un momento en que no hay vacunas y el virus vuelve a circular de forma importante”, explica.
Ya en el postvacunación, al ser vacunados de forma masiva los residentes y empleados de estos centros, se reduce prácticamente a cero la incidencia y la mortalidad por COVID. “Casi se puede decir que las residencias eran entonces el lugar más seguro que la población general”, opina.
El estudio, encargado por la Consellería de Política Social, también observó un mayor impacto de la pandemia en los centros situados en el ámbito urbano, mientras que las diferencias entre la tasa entre el ámbito semiurbano y rural son pequeñas. Por otro lado, la tasa de letalidad es mayor en los urbanos que en los rurales.
Asimismo, el tamaño y la titularidad del centro se identificaron como factores que aumentan la incidencia del COVID. En cuanto al primero, los centros de tamaño medio (60-120 usuarios) y grande (+120) registraron una tasa de incidencia que duplica la de los centros pequeños (1-59 usuarios). La letalidad también es tres puntos porcuentuales mayor en los primeros (16,7% frente a 13,2%). Según el epidemiólogo, una de las razones que puede explicar esto es que los centros de mayor tamaño tienen más probabilidad de entrada del virus al tener más personal y más visitas. Respecto a la titularidad, la incidencia fue diez puntos superior en los centros de titularidad privada que en los públicos, aunque no se evidencian diferencias en cuanto a la tasa de letalidad.
También se ha encontrado una relación entre un mayor número de casos entre los trabajadores (1.515 positivos) y un mayor número de casos y fallecidos entre usuarios. “Sin embargo, no hemos encontrado una causalidad, es decir, no sabemos si los trabajadores lo introdujeron en los centros o, por el contrario, se contagiaron de los usuarios”, matiza Alberto Ruano.
