El juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha condenado a la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana a indemnizar a 154 médicos de la provincia por la falta de medios de protección con la que se vieron obligados a trabajar durante la primera ola de la pandemia. Según la sentencia, Sanidad tendrá que abonar a cada uno de estos trabajadores diferentes cantidades –desde los 5.000 a los 49.180 euros– en función del nivel de riesgo que corrieron al atender enfermos de coronavirus sin la protección adecuada.

Así, se deberá abonar 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados. El departamento de Sanidad valenciano deberá pagar 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de COVID y 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron de COVID, pero no precisaron ingreso hospitalario. Las indemnizaciones más altas –49.180 euros– serán para aquellos profesionales que se contagiaron y precisaron hospitalización.

“Estamos tremendamente satisfechos porque el juzgado nos haya dado la razón y condene a la Consellería de Sanidad por incumplir con la obligación de proteger a sus trabajadores”, sostiene Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico (CESM) en la Comunidad Valenciana, organización que tramitó la denuncia.

La sentencia, aunque no es firme y está sujeta a recurso, ha sido acogida con satisfacción también por el CESM de Galicia, que la tacha de ejemplarizante. “Nos parece muy justa y muy lógica y un reconocimiento de que la administración sanitaria hizo las cosas muy mal al no proporcionar los elementos de protección necesarios a los trabajadores sanitarios”, aseguró ayer Ramón Barreiro, portavoz de este sindicato en Galicia.

En su opinión, la justicia reconoce la desprotección a la que estuvieron sometidos los sanitarios durante los primeros meses de la crisis sanitaria, durante los que se vieron obligados a atender a pacientes sin EPI ni mascarillas y a improvisar equipos de protección con “materiales inauditos”. Barreiro recuerda que esta situación no se circunscribe a la Comunidad Valenciana, sino que también se vivió en Galicia, ya que fue la tónica general en toda España. Aunque no le consta que en la comunidad gallega se hayan presentado denuncias contra la desprotección del personal sanitario, Barreiro cree que el fallo podría propulsar nuevas denuncias. “Ahora tenemos un precedente importante para que facultativos y otros profesionales de la sanidad puedan reclamar y desde el Sindicato Médico estaremos dispuestos, a través de nuestros servicios jurídicos, a asesorar y a llevar a cabo las reclamaciones”, explica.

Para Jesús Sueiro, de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC), el fallo debería “sacar los colores” a las autoridades sanitarias y recordó que, durante la primera ola del COVID, cientos de profesionales sanitarios se contagiaron por no disponer de los elementos de protección mínimos necesarios, lo que vulnera la norma sobre prevención de riesgos laborales.

“Ahora no se trata de hacer leña del árbol caído, pero creo que es importante porque reconoce la falta de previsión total que hubo. Creo que en ese sentido es una sentencia ejemplarizante y lo deseable es que una situación como la que se dio en esos primeros meses no se repita”, opinó.