Las entidades que defienden una educación bilingüe en Cataluña, que no la inmersión, y el cumplimiento de la sentencia del TSJC que obliga a todas las escuelas catalanas a impartir un mínimo del 25% de la educación en castellano han presentado este jueves una campaña -bautizada con el nombre de Escuela de Todos-Escola de Tothom- con el objetivo de velar por el cumplimiento de esa sentencia. Para ello, preparan una demanda colectiva que presentarán ante el tribunal para que requiera al Departament d''Educació, y al 'conseller' Josep Sànchez-Cambray, que ejecute la sentencia.

"Cambray se ha equivocado mucho. Se equivocó enviando la carta a los directores. Se equivocó con su visita a la escuela de Canet, cuando además Educació no había recurrido las cautelares", ha señalado Domingo. Las entidades confían en que el 'conseller' dicte una "resolución en la que dé instrucciones sobre cómo se va a ejecutar la sentencia". Y han advertido: "Si no la cumple, se enfrentará a consecuencias penales".

Formulario de autorización

Para ello, pondrán a disposición de todas las familias con hijos en edad escolar y a aquellos jóvenes mayores de 18 años que sigan en el sistema educativo un formulario por el que autorizan a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (ABE) a acudir al TSJC para pedir la ejecución de la sentencia y que garantice que se aplica a todo el sistema educativo catalán, desde la educación infantil hasta Bachillerato y FP.

La presidenta de la AEB, Ana Losada, ha apelado a los padres y madres de Cataluña que se sumen a la iniciativa de reivindicar el cumplimiento de "los derechos de todos" . José Domingo, de Impulso Ciudadano, ha señalado que estamos ante un "momento de gravedad" teniendo en cuenta, ha dicho, que Cambray ha enviado una carta a los centros instándoles a no hacer nada respecto a la sentencia y que el Gobierno de España "no tiene una posición militante respecto a su sentencia". Es por ello, que estas entidades apelan a que "los ciudadanos tomen la bandera y hagan factible el cambio del sistema educativo en Cataluña". "No porque lo digamos nosotros, sino porque hay una sentencia de un tribunal".

Este formulario que distribuirán en carpas por toda Cataluña y a través de redes sociales requerirá que los padres aporten el nombre de su hijo en edad escolar y autoricen a la AEB a iniciar los trámites ante el TSJC para pedir que se cumpla la sentencia. Esta vía, han explicado, garantizará la privacidad de las familias y evitará que el tribunal reciba multitud de peticiones individuales. Asimismo, es genérica, no hará referencia a centros concretos porque la sentencia se refiere a todo el sistema educativo catalán, a diferencia de sentencias individuales como la de Canet que se refieren a casos concretos.

La vía del formulario y la autorización de las familias permitirá a la AEB contar ante el tribunal con legitimidad para plantear su reclamación. "La Generalitat cuenta con que no habrá nadie legitimado para pedir la ejecución de la sentencia. Con esta campaña, tendremos esa legitimidad", ha argumentado Domingo. Ha rechazado también el argumento de que la nueva ley de educación, la Lomloe o Ley Celáa, deje sin efecto la sentencia. "Es un error pensar o decir eso. Ya con la Lomloe en vigor, el tribunal ha dictado 8 sentencias en que hace referencia a que la Lomloe no deja sin efecto el mandato constitucional de que las dos lenguas oficiales deben ser vehiculares", ha advertido.

El Supremo avaló la sentencia del TSJC el pasado 18 de noviembre. Hay un plazo de dos meses para que la Generalitat la haga efectiva. La plataforma Escuela de Todos-Escola de Tothom no esperara a que venza ese plazo ya que, vistos los posicionamientos del Govern, han dicho, no confían en que la Generalitat acate el fallo. "Nos tememos lo peor".

Por un sistema bilingüe

Han insistido en que no son anticatalán, sino que defienden el sistema bilingüe. "Ahora tenemos un sistema monolingüe. Con la sentencia, el modelo será bilingüe porque las dos lenguas, catalán y castellano, serán vehiculares", han defendido.

Fernando Sánchez-Costa, de SCC, ha esgrimido una encuesta realizada hace un año a un millar de personas sobre el modelo educativo que les gustaría que hubiera en Catalunya. El resultado: un 64% quería una escuela trilingüe (catalán, castellano e inglés), un 21,1% la quería bilingüe, un 8%, "básicamente en catalán", y un 5%, "básicamente en castellano".

"Esto desmonta el consenso sobre la inmersión", ha dicho. "Hay una ola de dignidad, una revuelta cívica que va a cambiar el sistema de imposición lingüística en Catalunya", ha añadido. "No hay vuelta atrás". "El caso de Canet es un punto de inflexión. Se ha empezado a romper la espiral de silencio aunque algunos sigan empeñados con su actitud violenta en querer mantener ese silencio", ha dicho por su parte Carlos Basté, de Asociación por la Tolerancia.

Losada ha anunciado su intención de pedir una entrevista al president, Pere Aragonès, para hablar y llegar a un "gran acuerdo de convivencia lingüística en Cataluña". "Tendemos la mano al 'president' para reunirnos y hablar", ha apuntado Sánchez-Costa. Pero, han subrayado, "la sentencia hay que cumplirla y el castellano ha de tener una presencia mínima del 25% en las escuelas".

"Queremos que se acaben los Canet, los Balaguer o Mataró. Queremos volver a ser padres, tener una escuela de todos y dejar de ser activistas", ha apuntado Losada. "Es posible si se cumple la sentencia. Queremos la convivencia lingüística", ha insistido.

Han apelado a los comunesz y a los sindicatos a asumir un "compromiso real" con la clase trabajadora. Y han planteado a los partidos políticos abrir una mesa de trabajo conjunta.

Desde el pasado 23 de noviembre, en que el Supremo avaló la sentencia, hasta este mismo miércoles, la AEB ha recibido 60 peticiones de familias interesadas en reclamar el sistema bilingüe, con presencia del castellano en la educación de sus hijos. De estas, 13 ya están a las puertas del TSJC para que el tribunal dicte medidas cautelares. El resto han iniciado trámites, que empiezan con dirigir la petición al centro escolar o a Educación. "La resolución del Supremo ha sido un revulsivo y Canet, también", han asegurado.

Las entidades han rechazado la cifra de 80 o 100 familias de las que habla la Generalitat y han calificado de "tramposo" el discurso de que son pocas familias. "No hablamos de números, hablamos de derechos", han dicho. Y han emplazado a Educación a decir cuántas familias en todos estos años se han dirigido a los centros escolares para pedir más horas de castellano. "Muchas de estas familias no han acudido a los tribunales. Simplemente lo han pedido a la dirección del colegio y ante la negativa y el desprecio, renuncian. ¿Cuántas familias son? Ese dato Educación no lo da", han denunciado.

Entre las entidades participantes en esta campaña está, además de la AEB, Tolerancia, Aixeca't, Ampas Paralelas, Ames, Clac, Cataluña por España, Impulso Ciudadano, Profesores por el Biligüismo, Plataforma Silenciosa, S'ha Acabat, Societat Civil Catalana y Segadores del Maresme.