La tradicional dicotomía entre incapacitación y capacitación ya no existe en España. Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021 de 2 de junio, que prohíbe la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, las privaciones de derechos de quienes eran tuteladas por otras quedan sin efecto. Este cambio legislativo obliga ahora a los jueces a revisar miles de sentencias de incapacitación en el plazo de tres años.
La nueva normativa adecua el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificado por España en 2008, que proclama que tienen la misma capacidad jurídica que los demás ciudadanos y obliga a los estados a adoptar medidas que garanticen su autonomía de a la hora de tomar decisiones sobre todos los aspectos de su vida.
“Negarle a una persona su capacidad jurídica es un acto denigrante y es tratarla como ciudadano de segunda”, opina Lola Santana, abogada de la Federación ASPACE-Galicia, que integra cuatro asociaciones que trabajan con personas con parálisis cerebral.
Hasta la aprobación de dicha ley, todas las personas con discapacidad intelectual eran declaradas incapaces, por lo que era otra persona, el tutor, la encargada de tomar decisiones por ellos, de forma parcial o total. La nueva norma barre la prórroga y la rehabilitación de la patria potestad, por lo que la tutela queda reservada a menores de edad que no estén sujetos a la patria potestad, mientras que los mayores de edad pueden quedar provistos de medidas de apoyo en función de cada caso.
“La nueva ley reconoce que todas las personas tenemos capacidad jurídica plena y que tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, Ya nadie puede ser incapacitado judicialmente o modificar su capacidad jurídica como se hacía con las sentencias de incapacitación. Ahora, se establece un sistema de medidas de apoyo, que tienen que ser como un traje a medida que preste los apoyos que necesite cada persona. Es una ley que los empodera”, afirma esta abogada.
De esta forma, el viejo sistema de tutela es reemplazado por la curatela, una medida de apoyo de carácter asistencial que no impide que la persona siga ejerciendo su capacidad jurídica. “La norma establece dos tipos de curatelas: la curatela de asistencia (cuando hay una menor necesidad de apoyo) y la curatela de representación, que sería la excepción y que estaría reservada a aquellas personas que, habiendo hecho un esfuerzo enorme por conocer cuál es su decisión no se puede llegar a ella”, explica Santana. Ambos supuestos han de establecerse por sentencia judicial, que deberá contemplar en qué actos concretos se necesita ese apoyo y que deberá ser objeto de revisión cada 3 o 6 años.
"Negar la capacidad jurídica a una persona es un acto denigrante"
En este apoyo a las personas con discapacidad, destaca el papel de los notarios, a los que podrán acudir a partir de ahora para establecer determinadas medidas que les ayuden a la hora de adoptar decisiones en asuntos como la compra o venta de una vivienda, casarse, hacer testamento, y aceptar o rechazar una herencia, voluntad que podrán expresar, además, a través de cualquier medio tecnológico o sistema de comunicación, incluido el pictográfico, una posibilidad que no se contemplaba antes.
“Esta ley refuerza lo que muchos padres de personas con discapacidad creíamos: que la incapacitación no es la solución, sino que los limita muchísimo. Todos somos capaces, pero tenemos capacidades distintas, y con esta ley ahora también tenemos todos capacidad jurídica, que era algo que se les negaba a las personas con discapacidad”, afirma Álvaro Lorenzo, notario y padre de Sofía, una niña de 8 años con síndrome de Down.
Para este vigués, la nueva normativa fomenta el respecto a la dignidad de todas las personas, posibilitando que puedan tomar sus propias decisiones y en los casos en que esto no sea posible, que se puedan dictar mecanismos de apoyo, pero nunca de sustitución, salvo casos extremos. “Esto pasa a ser la excepcionalidad”, subraya.
Una de las novedades de la ley que destaca Lorenzo es la guarda de hecho, una figura que ya existía en el anterior sistema, pero que ahora deja de considerarse provisional para pasar a ser una de las figuras de apoyo cuando la persona con discapacidad está adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y en el ejercicio de su capacidad jurídica por un guardador de hecho –generalmente un familiar–, que no precisa de una investidura judicial formal que la persona con discapacidad tampoco desea.
David Gil, vigués de 44 años con distrofia muscular –grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular–, es uno de los gallegos cuya sentencia de incapacitación jurídica tendrá que ser revisada en el plazo de tres años, aunque no cree que un nuevo dictamen influya en su vida. “Me gustaría hacer muchas cosas, pero mis limitaciones físicas no me lo permiten. Mi situación no cambiará porque siempre tengo los consejos y el apoyo de mi familia, en especial de mi madre, y de mis hermanas y mi pareja. Sé que nunca harían nada que me perjudicara”, afirma este usuario de la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral (APAMP) y miembro del proyecto DisCamino, a través de un mensaje de texto remitido desde su móvil, medio por el que se comunica.
Su madre, Estrella Janeiro, opina que la norma que prohíbe la incapacitación es positiva, aunque “con matices”. “Me parece bien que ellos puedan decidir, pero creo que siempre deben de estar asesorados de alguna manera y tampoco hay que olvidar que hay chicos que no pueden decidir por ellos mismos”, comenta.
La pata de la que cojea la nueva ley es, según Lola Santana y Álvaro Lorenzo, que carece de dotación económica, imprescindible, aseguran, tanto para formar a los entes sociales y jurídicos en una perspectiva inclusiva, como para revisar las miles de sentencias de incapacitación dictadas en España.
