La decisión judicial, conocida el lunes, de desestimar la denuncia por las grabaciones a mujeres mientras orinaban de la fiesta de A Maruxaina de Cervo (Lugo), ha causado una enorme controversia. La Asociación de Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei) aseguró ayer que su representante legal ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo contra la decisión del juez instructor de archivar la causa por las grabaciones clandestinas que terminaron en páginas web pornográficas, algunas de ellas de pago.
Unas ochenta mujeres, algunas menores de edad, son las afectadas por este caso, cuyos hechos ocurrieron en el verano de 2019. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro rechazó los recursos y ratificó el sobreseimiento provisional dictado el pasado mes de marzo porque las imágenes se captaron en una vía pública, no en un lugar cerrado, y por no observar delito alguno contra la integridad moral al no apreciar ánimo “tendencial de quebrantar la resistencia física”.
Las imágenes fueron captadas por cámaras colocadas estratégicamente en el callejón durante la celebración de A Maruxaina, una fiesta popular que congrega cada año a miles de personas.
“Por supuesto que no compartimos la decisión de este juez. No se puede justificar un delito como este, que atenta contra el honor y la propia imagen de las mujeres, en el hecho de que haya sido perpetrado en la vía pública”, explicó la presidenta de la asociación, María del Mar Fraga.
Desde su punto de vista, lo que ha sucedido “es humillante” para las mujeres afectadas porque “no se puede dejar un delito impune por el hecho de que las imágenes hayan sido grabadas en una vía pública”, porque la calle “es de todos” y “todos tenemos nuestros derechos y nuestros deberes”.
“No entendemos la decisión del juez”, insistió, y por ello la asociación, en representación de las mujeres afectadas, ha tomado la decisión de recurrir ante la Audiencia Provincial, y más teniendo en cuenta que el archivo de la causa se produjo en contra del criterio de la Fiscalía, “que ve delito” en lo sucedido en San Cibrao.
Recordó, asimismo, “que también vieron delito en estos hechos la Valedora do Pobo, numerosos colectivos y la sociedad en general” y, “aunque un señor juez siga erre que erre, no podemos permitirlo”.
A su juicio, la posibilidad de que este “delito quede impune” podría sentar “un grave precedente para el futuro y para los derechos de las mujeres, por los que tanto hemos luchado”.
La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, manifestó su “respeto máximo” a la decisión del juez, a la vez que expresó su “rechazo” a este tipo de conductas, que “afectan a la dignidad y la intimidad de las mujeres”, y pidió una regulación para luchar contra ellas.
Lorenzana opinó que “el estado debería establecer un desarrollo normativo que permita una adecuada coordinación” entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y empresas con contenidos digitales, “para poder hacer una vigilancia” y “prevenir” que esto suceda “o en caso de que suceda” que exista “potestad inmediata” para retirar esos contenidos.
Esta regulación, subrayó la conselleira, “podría ser bastante beneficiosa o reducir bastante las consecuencias de actuaciones como estas”.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, advirtió que “hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual”. “Una mujer en la calle o el espacio público sigue teniendo intacto su derecho a la intimidad”, apuntó en un tuit la ministra de Igualdad, en el que recuerda que “los avances en los derechos de las mujeres tienen que aplicarse desde todos los poderes del Estado”, lo que incluye el judicial.
Por su parte, el PSdeG en la provincia de Lugo expresó su “total apoyo a las mujeres que fueron violentadas en su intimidad en San Cibrao”, en la celebración de A Maruxaina de 2019, “después de conocer la ratificación del archivo en el caso de las grabaciones”.
