La distribución de las vacunas contra el coronavirus es una especie de juego de suma cero en el que las ganancias de unos son pérdidas para otros. De momento, solo ganan los ricos. Los 29 países más pobres del mundo apenas han recibido el 0,3% de las dosis totales. Menos del 1% de la población de los países con ingresos bajos y medianos tiene la pauta completa, frente al 55% de los ricos.

Al comprar toda la oferta disponible y acaparar dosis, los gobiernos más acaudalados tienen buena parte de la responsabilidad en este desequilibrio. Pero un informe de Amnistía Internacional (AI) pone la lupa en el otro actor principal en el reparto de vacunas: las farmacéuticas, a las que acusa de “violaciones del derecho a la vida y a la salud”.

Estas empresas, señala la oenegé en el trabajo publicado ayer, son en gran medida las responsables de la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las dosis, y “han desempeñado un papel determinante en la limitación de la producción global y la obstrucción del acceso equitativo”.

Tras evaluar a Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca, AI concluye que “ninguna ha revelado completamente sus costes de producción, las diferentes partidas de gastos, los precios aplicados y las condiciones contractuales”, todo dentro de un esquema de “tratos poco claros” con los países ricos.

El número de dosis necesarias para inmunizar al 70% de la población mundial, según un estudio de la Universidad de Duke (EEUU), es de 11.000 millones. Sin embargo, hasta ahora, el total de la producción apenas supera el 15% de esa cantidad: 1.700 millones. Hay que acelerar la fabricación. De ahí la exigencia por parte de AI de que las farmacéuticas acepten transferir su tecnología y liberen las patentes.

“Con esta flagrante desigualdad como telón de fondo, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares a finales de 2022. Las ganancias nunca deben primar sobre las vidas”, señala AI.