Los gallegos que viven o estén de paso en concellos con restricciones máximas y altas no tendrán que enseñar este viernes el certificado COVID para comer o tomarse un café en el interior de un restaurante o un bar. También podrán tomarse una caña en el interior de un pub sin mostrar la citada documentación. De hecho, nadie tenía que exhibirla en las últimas tres semanas, aunque desde el 22 de julio fueron muchos los que lo hicieron,a su pesar y para disgusto de los hosteleros. ¿Por qué no tenían que pedirla los camareros cuándo entrábamos en un local de ocio, si la Xunta impuso esta obligación para frenar el avance de la pandemia? Porque el Gobierno gallego tomó esta decisión, pero no pidió el aval del TSXG y el alto tribunal, 21 días después de su entrada en vigor, advirtió de que esta restricción “carece de vigencia” porque le falta su ratificación. Es decir, nunca debió estar vigente.
La Xunta pedirá este viernes el aval y aguarda que “inmediatamente” la justicia le dé la razón como ha sucedido hasta el momento con otras restricciones aprobadas. Tras la sorpresa del auto judicial declarando que esta obligación carecía “de vigencia”, el Gobierno de Feijóo explicó que no había pedido el aval del TSXG porque había entendido que no tenía por qué hacerlo. Para el Ejecutivo gallego, esta limitación “no afecta a derechos fundamentales” y, en consecuencia, no necesitaba pasar por el tribunal.
La Xunta argumenta que la obligación de exigir el certificado COVID para acceder al interior de la hostelería además tiene “base legal” en el artículo 38.1 de la Lei de Saúde Pública de Galicia, en el cual se regula que el Gobierno autonómico podrá “adoptar medidas preventivas de obligado cumplimiento” en caso de “un riesgo inminente o grave para la salud de la población” y entre estas medidas se explicita “el suministro de datos necesarios para el control y contención de riesgos para la salud pública”.
La noticia de que se podía entrar sin control en el interior de los locales de hostelería causó este jueves asombro y estupor. Nadie se esperaba el auto del TSXG tres semanas después de que la orden de la Xunta entrara en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
El alto tribunal, de forma indirecta, reconoció su error, pero a raíz del “anómalo proceder” del Gobierno gallego, en su opinión, por no pedir el aval para la nueva limitación y eso le “indujo a confusión”, explicó en una nota de prensa. Y tanto. Porque el pasado viernes el TSXG denegaba la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para que se suspendiera el requerimiento de presentación de un certificado COVID para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno. Y defendía en el auto que las medidas impuestas tienen “un evidente fundamento sanitario, dados los riesgos de transmisión de una enfermedad contagiosa como es la COVID-19”.
También exponía que “nos encontramos antes unas medidas de prevención que se adoptan en un contexto de emergencia de salud pública”, ante “la preocupante evolución del número de contagios en estos últimos días en el área geográfica a la que se extienden las medidas cuestionadas, afectando de forma predominante a los jóvenes, que es el grupo poblacional que frecuenta en mayor medida las discotecas y demás locales de ocio nocturno, así como las cafeterías, restaurantes y bares”.
El TSXG justificaba el auto del viernes pasado porque “se dio por sentado” que la obligación ya tenía su aval. Al tener que responder a otros recursos parecidos, en este caso a los presentados por hosteleros de Santiago, los jueces del alto tribunal se dieron cuenta de lo que pasaba y tuvieron la oportunidad de clarificar la situación y corregir el rumbo. Volvieron a denegar las medidas cautelares para tumbar la obligación de presentar elcertificado COVID para acceder al interior de la hostelería porque esta restricción “carece de vigencia al no haber sido autorizada en Galicia por el TSXG”.
La hostelería reaccionó al anuncio judicial con alegría. La mayoría del sector había aceptado con resignación la obligación, pero aseguraba que perdían clientes y “no tenía sentido” que ellos pidieran el certificado y no se reclamara en otros lugares públicos. Su optimismo duró poco hasta que la Xunta anunció que pedirá el aval del TSXG este viernes para que vuelva a aplicarse la limitación cuanto antes.
El Gobierno gallego volvió a defender su restricción porque es “una medida menos gravosa que el cierre de estas actividades” económicas si la pandemia del coronavirus se descontrola.
EL PSDEG TACHA DE "CHAPUZA" LA GESTIÓN DE LA XUNTA Y EL BNG PIDE LA COMPARECENCIA DE FEIJÓO
El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, considera que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) evidencia “la chapuza” de la Xunta en la gestión de la pandemia. “Los jueces dicen que Galicia tiene un Gobierno de chapuza”, expresó Caballero. Lamenta que desde la Xunta se hayan saltado “derechos fundamentales de la ciudadanía sin pedir autorización judicial”. “Necesitamos un Gobierno que no cree problemas, que los solucione”, insistió el dirigente socialista que emplazó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a dejar “las vacaciones” y dar soluciones a la ciudadanía gallega y al sector de la hostelería al que le ha impuesto unas medidas injustificadas pese a que “lo está pasando tan mal”.
Por su parte, el BNG acusa a la Xunta de causar con sus “improvisadas” restricciones “más estragos que el propio virus” en el sector de la hostelería. Tras conocerse los autos de los magistrados del Alto Tribunal gallego que dejan sin validez el requerimiento de presentación del certificado por no haber sido autorizada judicialmente, el diputado del BNG Ramón Fernández avanzó que su grupo demandará en la Diputación Permanente del Parlamento gallego la comparecencia del presidente de la Xunta para que ofrezca explicaciones al respecto. Habla de “chapuza” y de “indignante improvisación, falta de sensibilidad y empatía” con el sector de la hostelería.
