Uno de los menores detenido por el crimen de Samuel Luiz participó presuntamente en la paliza mortal la madrugada del 3 de julio cuando estaba en un periodo de libertad vigilada, según explica la Audiencia Provincial en el auto en el que rechaza la petición de su abogado de que se le permita salir del centro de menores en el que está interno desde el 9 de julio. Por este caso están detenidos cuatro adultos —tres de ellos varones, que están en prisión provisional y una joven, en libertad con obligación de comparecer en el Juzgado— y dos menores, uno de ellos con antecedentes.
El tribunal asegura que existen “fundados indicios”, que se desprenden de las declaraciones testificales y de la documentación gráfica, de la participación de los dos menores en la comisión de los hechos delictivos. Destaca, además, que “ambos fueron identificados por testigos como unas de las personas que se encontraban agrediendo a la víctima “inmediatamente antes de que se desplomara”. En el auto, los magistrados explican que uno de los menores ya había sido sentenciado con anterioridad al cumplimiento de una medida de libertad vigilada y que es “precisamente durante el periodo de cumplimiento de esa medida cuando presuntamente se infringe de nuevo la ley penal de un modo tan contundente y con consecuencias tan luctuosas, evidenciándose así una clara progresión delictiva que exige una respuesta sancionadora educativa inmediata”, destacan.
Con estos datos, los magistrados y la Fiscalía de Menores entienden que es necesario “evitar la reiteración delictiva, el riesgo de fuga y la posibilidad de ambos recurrentes de obstruir la acción de la justicia, dado que las actuaciones policiales no han finalizado”. La Audiencia Provincial rechazó ayer los tres recursos presentados para solicitar que se retiren las medidas cautelares contra los dos menores y el cuarto detenido por el crimen de Samuel Luiz, al que se le imputa no solo homicidio o asesinato, sino también el haberse llevado el móvil de la víctima. La Audiencia, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, confirmó las medidas acordadas, primero por la jueza de Instrucción del Juzgado número 1, que les tomó declaración el 9 de julio cuando pasaron a disposición judicial, y después por la instructora del caso, titular del número 8, que revisó la decisión una semana después.
Ambas concluyeron que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Contra esta decisión de la Audiencia no cabe recurso. El tribunal entiende que existen “indicios racionales de la comisión por parte del recurrente de un delito de homicidio”, en el caso del mayor de edad, así como “de su participación en la brutal y prolongada agresión física perpetrada sobre la víctima, a la que varias personas propinaron continuos golpes y patadas hasta causar su muerte por traumatismo craneoencefálico”.
El fiscal pide que los adultos detenidos por la paliza mortal sean imputados por asesinato
La Fiscalía y las acusaciones particulares y la popular personadas en el caso del crimen de Samuel Luiz solicitaron ayer que los cuatro detenidos mayores de edad sean investigados por asesinato y no por homicidio. Son tres varones, que están en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 9 de julio, y una chica —pareja de uno de los encarcelados— que está en libertad, pero con la obligación de comparecer en el Juzgado, también desde el 9 de julio.
Para el cuarto detenido, el adulto que se llevó presuntamente el móvil de Samuel del lugar de los hechos, el Ministerio fiscal solicita además robo con violencia y no apropiación indebida —los investigadores del caso, basándose en las pruebas, daban por acreditado que el joven había recogido el móvil del suelo, por lo que se habría apropiado de un objeto perdido—. El Ministerio fiscal solicitó, además, que las lesiones ocasionadas a Ibrahima —el hombre senegalés que protegió con su cuerpo a Samuel desde que se dio cuenta de que le estaban pegando, hasta el final, cuando el grupo se disolvió— sean juzgadas en un procedimiento independiente, al margen del de la muerte de Samuel, ya que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, emitió un auto para transformar el procedimiento y para que siga los cauces de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para que sea un tribunal popular el que enjuicie el caso.
Las acusaciones particulares, ejercidas por la familia del fallecido y también por Ibrahima y la acusación popular, representada por la Asociación para a Liberdade Afectiva e Sexual (ALAS Coruña), se adhirieron ayer a las peticiones de la Fiscalía.
A pesar del levantamiento del sumario y de que se haya producido esta vista, la instrucción sigue abierta y los investigadores no han cerrado todavía el caso, hasta el punto de que el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Pedro Ramón Agudo, reiteró este lunes, al informar de cómo se habían desarrollado las pesquisas, que los agentes no descartan que se produzcan más detenciones en el futuro.
Los agentes esperan que, a principios de septiembre, puedan llegar los análisis de ADN que solicitaron del pantalón de Samuel, en el que aparecen rastros genéticos de cuatro personas diferentes, que no coinciden con los de los dos primeros detenidos (ambos mayores de edad y en prisión provisional comunicada y sin fianza): el chico que increpó a Samuel por estar haciendo una videollamada con su amiga Lina, en el andén de Riazor, y que estaba acompañado por su novia; y su amigo, que salió del pub El Andén con una botella entre la ropa y que hizo —según consta en el sumario— un mataleón a Samuel, agarrándolo por el cuello desde atrás hasta que se cayó al suelo, para darle, a continuación, puñetazos en la cara junto al primer detenido.
Los investigadores cuentan también con extraer más información sobre los hechos del volcado de los teléfonos móviles de los detenidos, ya que tienen autorización para hacer una copia de todo su contenido, incluidos los mensajes que borraron de las aplicaciones antes de hacer entrega de sus dispositivos.
Las partes solicitaron ayer a la jueza que se practiquen más diligencias para completar la investigación, como que se amplíe el informe del forense y también que se complementen los análisis de los cristales de la botella que, según los investigadores, los agresores usaron para pegar a Samuel. Pidieron, además, que algunos de los testigos que ya han declarado, lo vuelvan a hacer, pero ante los abogados de las partes, para que estos puedan intervenir, y que se cite a otras personas para que den su testimonio.
Para que la muerte sea tipificada como asesinato tiene que concurrir alguna de estas circunstancias: alevosía, ensañamiento o bien que el crimen se hubiese producido por un precio o a cambio de una recompensa, que tienen que ser probadas en sede judicial. Las penas por homicidio alcanzan hasta los quince años de prisión y las de asesinato pueden llegar a los 25.
