La lucha contra las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es muy difícil porque las víctimas pocas veces se atreven a denunciar y mucho menos los testigos o clientes. Y, en este caldo de cultivo, policías, empleados públicos y técnicos municipales juegan a veces un papel fundamental porque facilitan la actividad o fomentan su ocultación, a cambio de cobros periódicos de dinero o de favores sexuales de las víctimas explotadas. Esta situación ha llevado a 22 fiscalías de América Latina, uno de las regiones con más corrupción vinculada a la trata, a unirse para dar la voz de alarma, aumentar la cooperación y pedir a la ciudadanía y a las instituciones que no toleren ni amparen ningún tipo de explotación sexual.

Con motivo, hoy, del Día Mundial contra la Trata, fiscales de Paraguay, Argentina y Perú, entre otros países, protagonizan varios vídeos en los que explican los diferentes tipos de connivencia entre empleados públicos y proxenetas, ejemplos concretos que han hallado en sus investigaciones y la “frustración” que sienten cuando “un dispositivo se trunca porque los tratantes son alertados, y las víctimas, ocultadas”, según detalla la fiscala peruana Rosario López. Esta campaña divulgativa es fruto del trabajo emprendido por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el programa EUROsociAL+, financiado por la UE, que hace tres años iniciaron una colaboración con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos destinada a reducir el impacto de la corrupción en la vida de las mujeres, y una de las mayores huellas es precisamente en la trata de personas. Los espots serán difundidos en redes sociales y páginas de internet.

“Vimos que sin la participación activa de los funcionarios públicos es difícil que las estructuras criminales se fortalezcan y, por eso, decidimos fomentar que la red de fiscales contra la corrupción y la red de fiscales contra la trata trabajen juntos ante este problema”, explica Borja Díaz, responsable de la acción de EUROsociAL+ mujer y corrupción. Según su experiencia, a nivel local se trata de prácticas “invisibilizadas”, de ahí que sea importante que las dos redes de fiscales cooperen, tiren del hilo y vayan subiendo peldaños hasta detectar los vínculos existentes entre las organizaciones criminales y los poderes económicos.

Apenas hay datos fiables de cuántas mujeres y niñas son víctimas de trata para la explotación sexual. En la campaña se plasma la cifra de 1,7 millones cada año.

Díaz relata que en Argentina una niña paraguaya que logró escapar de la prostitución relató que un policía local fue quien le devolvió a sus captores para que siguieran explotándola. Otra niña embarazada y con sífilis confesó en el hospital que había sido prostituida y que tenía miedo de denunciar porque frecuentemente acudían policías al local donde era explotada.

Se han detectado casos de empleados que falsifican documentos de identidad para hacer pasar a niñas por adultas. E incluso miembros de los dispositivos de control que levantan actas con datos y testigos falsos para encubrir los negocios. Y así una larga lista de “manzanas podridas” que demuestran que “para combatir las redes de trata también hay que combatir la corrupción de funcionarios públicos que la hacen posible”, según recalca el titular de la fiscalía anticorrupción de Argentina, Sergio Rodríguez.