Los juristas consultados por FARO admiten la complejidad del galimatías jurídico en el que ha devenido la gestión de la epidemia de COVID-19 en España. Cuestionan o directamente rechazan de plano que las decisiones adoptadas por el Consejo Interterritorial de Salud sean de obligado cumplimiento para los gobiernos autonómicos, y recomiendan a estos que recurran ante los tribunales de justicia.
Como fondo del problema señalan a la naturaleza jurídica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y a la inacción del poder legislativo, que ha evitado promulgar las modificaciones legales necesarias para resolver este embrollo.
El más rotundo es el catedrático de Derecho Civil Domingo Bello Janeiro, para quien “la adopción válida del acuerdo del Consejo Interterritorial, de acuerdo con su propia normativa y la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, requiere el consenso y la unanimidad de todas las comunidades autónomas, por lo que la orden del Ministerio de Sanidad adolece de aparente nulidad sin resultar en modo alguno de obligado cumplimiento”. Es más, Bello Janeiro añade que este acuerdo del CISNS es incluso “inexistente”, ya que “adolece de nulidad radical al haberse prescindido de un trámite esencial en el procedimiento que vicia de nulidad dicho pretendido acuerdo”.
“Es una grosera invasión de competencias y una incoherencia”
Para el jurista gallego resulta de “dudosa legalidad” imponer limitaciones a la movilidad y a los aforos “sin la vigencia del estado de alarma, a cuya prórroga renunció el Gobierno, en contra de la petición de diversas comunidades autónomas”. “Es una grosera invasión de competencias sin duda alguna”, añade el catedrático de la Universidad de A Coruña, que además critica “la incoherencia y contradicción en sus propios términos por parte del Gobierno de renunciar a prorrogar el estado de alarma e inmediatamente pretender adoptar medidas propias de dicha situación”.
Bello Janeiro va más allá y recomienda que “si fracasa la negociación política, y se persiste en seguir adelante con la Orden ministerial, se acuda a los tribunales solicitando inmediatamente la adopción de una medida cautelar de suspensión y, por supuesto, su nulidad, teniendo en cuenta que la Orden de la ministra [Carolina Darias] da un plazo de solo 48 horas para su cumplimiento”.
“El acuerdo del Consejo vale como recomendación, no como imperativo”
José Julio Fernández Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, afirma que “tienen razón las comunidades que se oponen a que sea obligatorio” lo acordado por el CISNS. “El Gobierno central entiende que esos acuerdos son vinculantes. Yo creo que no”, opina.
Para el jurista gallego, “las decisiones del Consejo Interterritorial son recomendaciones, no son obligatorias. El acuerdo vale, pero como recomendación, no como imperativo”.
Recuerda el que fuera Valedor do Pobo entre 2012 y 2015 que desde esa institución emitía “recomendaciones, sugerencias” y que la naturaleza del CISNIS responde a la misma lógica conceptual.
El profesor de Derecho Constitucional considera claro que las comunidades autónomas “tienen competencias de salud pública, pueden adoptar ciertas medidas de horarios y aforos”. Sin embargo, dentro del peculiar Estado autonómico que es España existen las conferencias sectoriales, órganos administrativos que reúnen al Estado central y representantes de las comunidades autónomas. Explica que “este tipo de entes responden a la idea de consenso, de buscar soluciones en común, no de imposición. En ese sentido, el CISNS es un tipo de estos órganos de relación Estado-comunidades, y por lo tanto debería funcionar no de forma imperativa, sino de recomendaciones, a las cuales se llega por consenso”, indica.
En este punto incide Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, quien considera que la clave está en si el CISNIS es realmente o no una conferencia sectorial, y si lo es, si se le aplica la ley 40/2015: “Ese texto legal dice que, en este tipo de declaraciones de actuación coordinada, cuando se está ejerciendo la competencia de coordinación, las comunidades están obligadas a cumplir los acuerdos, aunque hayan votado en contra; pero si se considera que no es una conferencia sectorial se aplicaría la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, y ahí parece que se exige el consenso”.
“Es incoherente con lo que el Gobierno decía hasta hace nada, lo de la cogobernanza”
En concreto, el artículo 73 de la ley de 2003 dice que “los acuerdos del consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso”. “Lo que dice la Comunidad de Madrid es que aquí no ha habido consenso, como no hubo consenso el año pasado en varias decisiones”, subraya el jurista gallego.
“La Comunidad de Madrid sostiene que el Consejo Interterritorial es un órgano que va más allá de la conferencia sectorial y ha recurrido ya dos declaraciones de actuación coordinada del Consejo Interterritorial, porque no creen obligatorio obedecerlas –recuerda–. Una fue la de octubre, que luego provocó un estado de alarma solo para Madrid. Eso lo ha recurrido a la Audiencia Nacional, que es el órgano jurisdiccional competente para estas cuestiones. Y la Audiencia Nacional todavía no ha resuelto ese recurso”, advierte.
Vidal Prado cree que las comunidades deben obedecer y, si lo estiman oportuno, recurrir a los tribunales, porque “no puede ser que una comunidad sea objetora al cumplimiento de la ley”. Y añade dos variables: una, que las comunidades tendrán que pedir la ratificación al Tribunal Superior de Justicia de cada autonomía, y esta podría ratificarlo o no, como ya ocurrió en el caso de Madrid, cuando el TSJ tumbó la decisión del CISNS al considerarla poco fundamentada. La segunda variable son los posibles recursos autonómicos ante la Audiencia Nacional. “Tienen que decir que el CISNS no es una conferencia sectorial y además que la decisión es desproporcionada, porque está limitando derechos basándose en una votación de un consejo en el cual las comunidades que representan a la mayoría de la población española han votado en contra o se han abstenido. Una parte minoritaria de la población impone su criterio al resto. Esto lo pueden ganar perfectamente”, augura.
“Es incoherente con lo que el Gobierno decía hasta hace nada, lo de la cogobernanza, y cuando no le interesa impone su criterio”, opina Vidal Prado, que atribuye el lío al poder legislativo, que “en lugar de buscar las modificaciones legales necesarias no ha hecho nada”.
