La serie en la que se ha convertido la cobertura legal de la epidemia de COVID-19 en España vivió ayer un nuevo episodio tras la doble rectificación del Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había afirmado en una tribuna publicada en “El País” que el Ejecutivo estudiaría cambios legales que permitiesen restringir derechos fundamentales tras el final, el pasado domingo, del estado de alarma. Sin embargo, horas después se desdijo, y aseguró en La Sexta que no se prepara ninguna reforma legal en ese sentido, y recordó que las autonomías pueden pedir estados de alarma para sus territorios. Esta idea fue apoyada por el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, quien matizó –parafraseando a Jordi Pujol– que “en este momento no toca”. El PP, por su parte, volvió a ofrecerse para aprobar una ley de pandemias en tan solo 15 días.

El presidente del PP, Pablo Casado.

El presidente del PP, Pablo Casado. ALBERTO ORTEGA

Campo había afirmado en su artículo en “El País” que “se estudiarán y se propondrán a las Cortes” cambios legales adicionales si se ven necesarios tras el pronunciamiento del Supremo, que decidirá qué restricciones de derechos fundamentales puede aprobar un gobierno autonómico. Después aclaró en La Sexta que no prepara ninguna reforma legal y recordó que los gobiernos autonómicos que pueden pedir al Gobierno aplicar el estado de alarma en su territorio para, por ejemplo, decretar un toque de queda. Iceta, en la misma línea, afirmó que si eso ocurriese “el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría”.

El líder del PP, Pablo Casado, volvió a exigir al Ejecutivo central una ley de pandemias, el plan B jurídico que su partido propone desde el pasado año, opuesto al “plan C”, el del caos, del que hace responsable al presidente del Gobierno. “Nos produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles y el único responsable es Pedro Sánchez, porque no ha querido aprobar una ley de pandemias como le hemos pedido durante un año”, afirmó Casado, que ofreció sentarse a negociar para modificar en 15 días la Ley de Salud Pública de 1986.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. ROBER SOLSONA

Desde el Partido Popular recuerdan que ya han registrado en el Congreso una segunda proposición de ley para reformar la Ley de Salud Pública. Su portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó de “cachondeo” el vacío legal. “Es un cachondeo cuando dijo que no iba a haber estado de alarma y cuando se ha dado cuenta de que, como consecuencia de decaer el estado de alarma, se cumple todo lo que decíamos, que no había cobertura normativa”, subrayó.

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, planteó que sea la Audiencia Nacional la que convalide las restricciones de movilidad, evitando así “la situación caótica” tras decaer el estado de alarma, y ha tildado de sorprendente que el Gobierno haya vuelto a cambiar de opinión.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se declaró “atónito” ante el “giro” en el posicionamiento mantenido hasta ahora por el Gobierno en relación al fin del estado de alarma, ya que “no admite que ha metido la pata”.

Vox, por su parte, anunció que presentará mociones en todos los parlamentos autonómicos para reclamar que “en ningún caso mantengan los toques de queda y las limitaciones arbitrarias al derecho de reunión”.

Más desbarajuste legal en Canarias y Navarra

A la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronuncie sobre las medidas adoptadas por la Xunta, el desbarajuste jurídico tras el fin del estado de alarma se agudizó ayer en Canarias y Navarra. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias señaló que no procede aclarar su resolución respecto a las restricciones en la comunidad, por lo que no permite aplicar el toque de queda ni el cierre perimetral, ni siquiera antes del fallo del Supremo. La Fiscalía de Navarra se opuso ayer a que se autorice en esta comunidad el toque de queda entre las 23 y las 6 horas sin la cobertura del estado de alarma. Rechazó así la medida dictada por el Ejecutivo navarro por medio de una orden foral y que está en vigor pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decida si lo autoriza o no. Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha reunido con los fiscales especialistas del Supremo para analizar la situación. La Fiscalía mantiene posiciones contradictorias cuando ha entrado a pronunciarse sobre los recursos, al igual que está sucediendo con los tribunales superiores de las comunidades autónomas.