La solución del Gobierno de Pedro Sánchez para que las comunidades puedan seguir imponiendo toques de queda, cierres perimetrales o limitando otros derechos fundamentales, tras el fin del estado de alarma este domingo no convence a la Xunta. “Es una falta de decisión, el Gobierno se lava las manos de la situación epidemiológica y judicializa la pandemia”, lamentó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Tras la presión de las autonomías, el Consejo de Ministro acordó ayer que las comunidades puedan recurrir al Tribunal Supremo en casación si las restricciones que impulsen a partir del domingo son tumbadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Es decir, que podrán buscar el aval del Supremo para que así este unifique doctrina y no haya criterios dispares según los territorios, como de hecho había ocurrido hasta ahora.

Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, los gobiernos regionales podrán aprobar medidas para contener la expansión del COVID-19, que incluso podrían limitar derechos fundamentales al amparo de las leyes sanitarias ordinarias de 1986 y de 2011 y que, por tanto, deberán ser refrendadas por los Tribunales Superiores de Justicia de cada territorio. Si estos deniegan este tipo de medidas, la Sala Tercera del TS podrá pronunciarse en casación, mediante un procedimiento urgente, en un plazo máximo de cinco días, según el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora deberá convalidar el Congreso. Es una “innovación jurisdiccional” vía real decreto que ofrecerá “seguridad jurídica”, explicó la vicepresidenta.

Según Calvo, las medidas que propongan los Gobiernos regionales incluso podrían implicar confinamientos perimetrales y toques de queda. “Cada gobierno deberá afrontar con sus datos sanitarios sus propias decisiones”, dijo la vicepresidenta. A cada ejecutivo autonómico le corresponderá “justificar, argumentar, decidir y proponer a los tribunales cualquier circunstancia que pueda limitar las libertades”, añadió. Si el pronunciamiento del tribunal territorial no permite las medidas planteadas por el gobierno regional, este podrá acudir al Alto Tribunal, que podrá unificar doctrina, de modo que “el auxilio del Supremo nos sirva a todos”, resolvió Calvo.

“El Gobierno abunda en su pertinaz decisión de no querer legislar. No deja tampoco legislar a las comunidades y judicializa la pandemia”, reprochó Feijóo, pues explicó que si para controlar la pandemia se quieren imponer limitaciones cada autonomía tendrá que recibir el aval del tribunal superior de la comunidad y si éste falla en contra buscar el del Supremo. El titular de la Xunta rechaza “la tutela judicial” para “gestionar la pandemia”.

“Hay incertidumbre y lo lamentamos todos los presidentes autonómicos. Esto no es una cuestión ideológica, es de gestión, de organización”, enfatizó el presidente gallego, quien además alertó de que entre el fallo inicial del TSXG, por ejemplo, en contra de las limitaciones de la Xunta y el pronunciamiento del Supremo “pueden pasar semanas y meses” y mientras las restricciones no se aplicarían. Calvo aseguró que el desfase de tiempo máximo será de cinco días.

Una solución que no convence a todos

No es Galicia la única comunidad a la que no gusta la fórmula del Gobierno para fijar restricciones a partir del domingo. La Junta de Andalucía, también gobernada por el PP, lamenta “la nula intención del Gobierno central de asumir sus competencias al dejar que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo”. También se mostró crítica Cataluña. La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “trasladar la responsabilidad de la gestión de la pandemia a los estamentos judiciales”. Cataluña no se plantea por ahora mantener el toque de queda, aunque no descarta volver a él si aumentan los contagios. Sin embargo, sí mantendrá el límite de seis personas para las reuniones, una restricción que necesita el aval judicial para seguir vigente. La Comunidad Valenciana, en manos del PSOE, es más comprensiva. La Generalitat confía en el TSJ valenciano, que ya antes del estado de alarma aprobó las restricciones horarias adoptadas por el Gobierno autonómico. El presidente, Ximo Puig, considera que el actual marco legislativo es suficiente para que las autonomías mantengan limitaciones. Alertó que “no es posible pensar que a partir del día 9 ya estamos en la plena normalidad, hay que seguir con una desescalada prudente y progresiva para llegar al verano con la máxima normalidad que se pueda”. La Rioja, también con Gobierno socialista, respalda a Moncloa porque con el avance de la vacunación contra el COVID, la situación epidemiológica ha cambiado y para mejor y, por tanto, no es pertinente el estado de alarma. El Gobierno de Cantabria ya avanzó que consultará al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad antes de aplicar cualquier restricción a partir del 9 de mayo. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Gobierno una aclaración: “Queremos mantener los controles de puerto y aeropuerto, queremos que haya posibilidades de que podamos restringir los grupos, queremos también que la movilidad, incluso en franjas horarias, pueda ser controlada ante cualquier momento”.