La Fundación Meniños es una de las ONG que participaron en los grupos de trabajo del proyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, más conocida como la “ley Rodhes”, que, entre otros aspectos, define el deber de la ciudadanía de denunciar las situaciones de violencia y amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar que los casos queden impunes, ya que las denuncias se producen muchos años después.
Para Mónica Permuy, directora de la ONG, es una ley “para sentirse orgullosos”, tanto por su contenido, que sitúa a España entre los países más avanzados en la protección a la infancia, como por el amplio consenso parlamentario que obtuvo en el Congreso. La norma, si los plazos no se dilatan, entrará en vigor en junio.
“Uno de los grandes avances de la ley es que establece como norma que el menor declare una única vez en todo el proceso, lo que evitará ahondar en el daño sufrido”
–Según las cifras, en España se presentan más de 100 denuncias diarias de violencia hacia menores en el ámbito familiar y las ONG dicen que solo son la punta del iceberg. ¿Tan invisibilizado está?
–El mundo está pensado para los adultos y se utiliza a los niños para sus intereses, se instrumentalizan. Y claro, hay mucha violencia invisible porque muchas personas creen que los niños son un asunto privado de las familias. Una de las cosas que más nos gusta de esta ley es que, por primera vez, hace de la violencia hacia la infancia un asunto público, porque las necesidades y los derechos de los niños competen a toda la sociedad. Es una obligación legal y moral de todos defender los derechos de la infancia. Fija, además, de forma muy clara, el deber de la ciudadanía de comunicar las situaciones de violencia hacia la infancia y el personal funcionario de servicios sociales pasa a tener la condición de agente de autoridad, muy importante también porque suele ser el primero en detectar estas situaciones.
–¿Qué otros avances destacaría de esta ley?
–Un aspecto del que no se habla mucho, pero que es decisivo, es el de la prevención. Invertimos mucho en reparar situaciones, y en esto Europa nos está insistiendo mucho, pero para combatir las dinámicas sociales perversas que generan violencia es decisivo hacer de la prevención de la violencia en las familias algo prioritario. Otro aspecto fundamental es la introducción de la exigencia de una formación especializada para todos los sistemas y ámbitos profesionales que trabajen con niños y, específicamente, para la carrera judicial. También prioriza el ámbito familiar, que es el medio natural para el desarrollo de la infancia. Hay que proporcionales a las familias el apoyo necesario para que puedan desarrollar acertadamente sus responsabilidades parentales. Esto va unido a desterrar esa idea de que solo las familias más vulnerables necesitan apoyos. Esto no es cierto. Todas las familias, en un momento dado de su ciclo familiar, van a necesitar apoyos para ejercer la responsabilidad de crianza.
–También amplía la prescripción de los delitos de abuso, de forma que ahora comenzarán a contar a partir de que la víctima tenga 35 años. ¿Se juzgarán más delitos?
–Efectivamente, la ampliación de la prescripción para los delitos más graves como abusos sexuales hace que desaparezcan espacios de impunidad, porque este tipo de daños llevan emparejadas una asimilación lenta y una revelación tardía. Las víctimas de abusos en la infancia suelen revelarlos en torno a los 30 años. Si no pones un tope a partir de esa edad, estás invalidando que puedan denunciar a su agresor. Asimismo, establece como norma la prueba preconstituida para menores de 14 años. Esta es otra de las grandes aportaciones de la ley, porque evitará ahondar en el daño sufrido por el menor y revictimizarlo. A partir de esta ley, se realizará una única exploración o declaración ante el juzgado de instrucción, grabada, que será la que se utilice durante todo el proceso. Indica, además, que tendrá que estar realizada por expertos. En este sentido, creemos que la ley tendría que ir más allá de los 14 años y ampliarla a toda la infancia.
“En casos de violencia de género, debe prevalecer la protección del menor, aunque se ponga en juego la patria potestad”
–¿Qué dice la ley sobre la patria potestad en caso de violencia de género y del síndrome de alienación parental?
–La ley introduce la retirada de la patria potestad en casos de asesinato. No prohíbe taxativamente las visitas de hijos de padres investigados por violencia de género, aunque sí prevé que se puedan impedir. Será el juez en función de los indicios quien decida. Aunque aquí creemos que debería ir más allá, porque consideramos que un patrón de violencia lo único que genera es violencia. Siempre que haya una situación donde haya personas investigadas por violencia de género siempre ha de tenerse una mirada protectora con los niños, que conlleva muchas veces que se tenga que poner en juego la patria potestad. No hay que huir de eso ni tenerle miedo. Aquí el derecho que debe permanecer es el de protección del menor. Esto, con las leyes que teníamos hasta ahora, no estaba siempre garantizado. En cuanto al mal llamado síndrome de alienación parental, la ley lo elimina.
Esto es un falso trastorno que se esgrime tristemente en algunos procesos judiciales y que no tiene aval científico. La ley también blinda el derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas en todos los procesos, de cualquier índole, y fija adaptar las metodologías para recoger estos testimonios. La edad solo es un factor en su forma de expresarse, pero no puede mermar sus derechos.
"Somos unos firmes defensores de la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia porque creemos que es una condición indispensable"
–¿En qué sería mejorable?
–Aunque quedan retos por superar, es una ley de la que tenemos que sentirnos orgullosos porque tiene un gran consenso parlamentario y porque es una ley muy vanguardista, que va a poner figuras muy importante para detectar la desprotección y cambiar estas dinámicas de violencia, como la de coordinador de bienestar y protección en los centros educativos y en el deporte. Creemos que debería concretar qué tipo de formación y de competencias van a tener los profesionales. Hay una disposición final que contempla un mandato al Gobierno para la elaboración, en el plazo de un año tras su entrada en vigor, de la especialización de la jurisdicción penal y civil y del ministerio fiscal y propone la inclusión de juzgados de violencia contra la infancia. Somos unos firmes defensores de la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia porque creemos que es una condición indispensable, como así lo fueron los de género. Esto es lo coherente con la integralidad que la ley persigue. Acaba de ponerse en marcha una iniciativa piloto en Las Palmas de Gran Canarias que va a ser un buen ejemplo para la transformación del sistema judicial.
