El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Lei de Saúde de Galicia. Además, mientras se resuelve el asunto, el TC ha suspendido temporalmente la vigencia de los apartados recurridos, en los que se contemplan las medidas especiales que podía adoptar la Xunta para proteger la salud pública ante una pandemia como la vacunación obligatoria, el sometimiento a cuarentenas y aislamiento de enfermos o las restricciones a la movilidad o la agrupación de personas.
De esta manera cuando se levante el Estado de Alarma el próximo 9 de mayo, se producirá un vacío legal puesto que las comunidades autónomas se quedan sin herramientas jurídicas para imponer medidas de control para frenar el COVID-19.
La suspensión de parte de Lei de Saúde se produce solo 24 horas después de que Xunta y Gobierno iniciaran los contactos para dirimir las discrepancias en torno a la normativa. En todo caso, si estas negociaciones fructificaran el Ejecutivo central podría paralizar la acción ante el Constitucional.
Inconstitucional
El Gobierno presentó el pasado 30 de marzo un recurso contra la norma gallega al considerar que ciertos aspectos deberían formar parte de una ley estatal y no autonómica. El Consejo de Ministros formalizó la demanda ante el Constitucional tras un informe preceptivo del Consejo de Estado que avaló recurrir el apartado referente a las medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización y control cuando exista peligro para la salud de la población. En todo caso, el órgano consultivo también sugirió al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica a nivel nacional para gestionar la pandemia, una petición que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lleva meses reiterando al Gobierno.
El Constitucional debatió ya en pleno el recurso presentado por el Estado contra la Lei de Saúde de Galicia y probablemente hoy se haga pública la providencia con la admisión a trámite. En todo caso, dispone de cinco meses para resolver el conflicto.
En todo caso, según adelanta Europa Press, el Tribunal Constitucional además de admitir a trámite el recurso, dejará en suspenso la vigencia de los apartados en conflicto.
Motivos
La Lei de Saúde fue aprobada a principios de este año. ¿Y cuáles son los puntos sobre los que hay discrepancias? El Gobierno pone en cuestión concretamente el apartado cinco que reforma la anterior normativa de 2008 mediante la inclusión de un nuevo artículo 38. Según esgrimió el Ejecutivo, la nueva norma establece medidas preventivas “en las que se introducen restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Así, en el punto dos de este artículo se prevén “medidas de control de personas enfermas, cuando fuera procedente, como el aislamiento en el domicilio, el internamiento en centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin”.
También se incluye “el sometimiento a una cuarentena en el domicilio, o en otro lugar adecuado a tal fin, de las personas que estén o hayan estado en contacto con personas enfermas”.
El punto más polémico, sin duda, es el que recoge la posibilidad de la vacunación obligatoria: “el sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o la inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no de estas medidas”.
En todo caso, desde la Xunta siempre han aclarado que la ley no impone la vacunación obligatoria sino que abre la posibilidad a recurrir a esta medida en caso de riesgo para la salud pública.
Feijóo ve un “error” el recurso y apela al diálogo para llegar a “una solución extrajudicial”
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó ayer por el “diálogo” para “avanzar en una solución extrajudicial que devuelva el vigor” a la Lei de Saúde de Galicia. En su opinión, el recurso de inconstitucionalidad es un “error” porque “lo lógico es hablar antes de denunciar y no hablar con una denuncia ya interpuesta”. La providencia del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso todavía no es oficial y, por lo tanto, Feijóo no se refirió a ella, pero volvió a reiterar su petición al Ejecutivo central de que retire su demanda contra la norma gallega.
Durante una reunión celebrada ayer con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el presidente de la Xunta volvió a reclamar que se convoque una Conferencia de Presidentes para abordar el vacío jurídico que supondrá el fin del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo. “Es necesaria esta reunión para que el Gobierno central y los presidentes autonómicos podamos concretar qué cuestiones –como los cierres perimetrales o el toque de queda– se mantendrán vigentes o no”, explicó Feijóo haciendo hincapié en la “incertidumbre jurídica” que se avecina a partir del 9 de mayo.
Feijóo ha reclamado además al Gobierno de forma insistente una legislación estatal que permita gestionar una pandemia como la del COVID sin necesidad de recurrir al Estado de Alarma. Sin embargo, desde el Ejecutivo central se asegura que existen herramientas jurídicas suficientes para abordar el control del virus. Y que tras finalizar el Estado de Alarma las decisiones que tomen las comunidades quedarán amparadas por el Consejo Interterritorial de Salud.
