La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad acaba de respaldar el informe sobre la ley de protección a la infancia frente a la violencia, que avanza en su tramitación con mejoras consensuadas en más de 60 enmiendas. La mayoría de los grupos coinciden en la urgencia de la ley, que dota de herramientas para proteger a los menores frente a la violencia, que sufren uno de cada cuatro en España, y llega al Parlamento con respaldo de entidades sociales e instituciones.
Con 27 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, se remitirá al Pleno del Congreso el informe del proyecto de ley, que propone reforzar el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.
Además, incorpora medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género y propuestas de Igualdad, como suspender de oficio el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección y existan indicios de que los hijos han presenciado o sufrido el maltrato.
Además, fija que el plazo de prescripción de los delitos graves no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años y no 18 como ahora, amplía la definición de violencia y persigue delitos cometidos en internet. También crea unidades especializadas en cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, impulsa la formación para jueces y fiscales y se nombra un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.
