Italia es el primer país en Europa que obliga a sus profesionales de la sanidad a vacunarse contra el COVID-19. Todos los médicos, enfermeros, auxiliares y sanitarios de cualquier tipo del sector público o privado que estén en contacto con los pacientes —incluidos los farmacéuticos— deberán ponerse la vacuna o, de lo contrario, podrán ser sancionados con cambios de funciones o ser suspendidos de empleo y sueldo.
Los ministerios de Sanidad, Justicia y Trabajo italianos han trabajado de forma conjunta para elaborar un decreto que instaura la obligatoriedad de la vacuna. El objetivo es “proteger la salud pública y mantener unas condiciones de seguridad adecuadas en la prestación de cuidados y asistencia”.
La presión sobre el Ejecutivo para elaborar una norma de estas características se redobló hace unas semanas, cuando se conoció que varios pacientes se habían contagiado de COVID-19 en dos hospitales de la región de Liguria por sanitarios que no se habían vacunado.
Esta medida se enmarca en el decreto aprobado con la ampliación de una serie de restricciones para contener la transmisión del coronavirus y que estarán vigentes hasta el próximo 30 de abril. La vacunación obligatoria se extiende a “comerciantes, profesiones sanitarias y trabajadores sanitarios que desarrollen su actividad en estructuras sanitarias públicas y privadas, estructuras sociales y asistenciales, públicas y privadas, farmacias, parafarmacias y despachos profesionales”.
En los próximos días, las autoridades sanitarias del país transalpino preguntarán a los sanitarios que no estén vacunados cuál es el motivo por el que no han sido inoculados, ya que hay que tener en cuenta que algunos no podrán inmunizarse por razones de salud y otros no requieren la inyección porque han pasado recientemente la infección. En cuanto al resto, los que la rechacen voluntariamente se enfrenan a sanciones, que van desde ser relegados de sus funciones —incluso de menor rango—, para que no trabajen en contacto con los pacientes, hasta, incluso, ser suspendidos de empleo y sueldo, hasta el 31 de diciembre de este año.
La medida cuenta con el apoyo de los sindicatos y de las asociaciones del sector y con el consenso de gran parte de la opinión pública. En este contexto, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha insistido en que el número de sanitarios que voluntariamente no se han adherido a la campaña de vacunación es marginal. Se calcula que de los casi 500.000 médicos inscritos a la federación, apenas un centenar ha rehusado la vacuna.
El pasado mes de marzo, la Justicia italiana ya había dictaminado que los trabajadores sanitarios que rechazasen vacunarse podían ser sancionados al prevalecer la obligación de garantizar la seguridad sobre la libertad de elección sobre la vacunación prevista por la Constitución italiana.
En ese momento el ministro de Trabajo, Andrea Orlando, aseguraba también que de momento no se contemplaba la posibilidad de despedir a los funcionarios que rechacen vacunarse, pero añadió que era un escenario que podría estudiarse si fuese necesario. Hoy ya es una realidad.
