Castilla y León decidió ayer por la mañana paralizar la vacunación frente al COVID con AstraZeneca-Universidad de Oxford por “cautela” hasta conocer el informe de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre su posible vinculación con casos de trombos en pacientes. Por la tarde, la EMA aconsejaba seguir con la vacunación.
La decisión de Castilla y León disgustó a otras comunidades, que ayer seguían administrando los viales de AstraZeneca y al Gobierno español. Y suscitó mucho revuelo, pues igual que en Galicia miles de personas estaban citadas y todo el dispositivo de inmunización preparado.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, avisó que las decisiones sobre “qué vacunas y con qué criterio sanitario y su calendario” las toma el Consejo Interterritorial de Salud, y ya “está decidido”.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León esgrimió el “principio de precaución que ha de regir la gestión de alarmas y riesgos en cualquier medicamento” para suspender un proceso que estaba a punto de comenzar en varios centros de salud o espacios habilitados para las inmunizaciones masivas. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió la decisión por “las noticias” que estaban recibiendo “sobre el posible cambio de decisión de la EMA para primar la seguridad del paciente”, un cambio de decisión que al final no se produjo.
La protección de los pacientes, expuso Verónica Casado, ha guiado sus movimientos para evitar “usar un fármaco con riesgo a reacciones adversas”.
