La pandemia no llegará a su fin hasta que no se vacune a la mayor parte de la población, en todos los países del mundo, pero existe un reparto desigual preocupante que indica, según datos de la OMS, que el 75% de las vacunas de COVID-19 administradas hasta ahora se han dado en 10 países desarrollados. Datos que, unidos a la lenta producción y a escasez de dosis ha generado un debate sobre la idoneidad de suspender, al menos de forma temporal, las patentes. Algunas organizaciones de sanitarios aseguran que eso permitiría pasar de 12 a 60 millones de dosis al día.
Pero el debate tiene más aristas. La escasez de ingredientes o la capacidad de producción son también algunos de los factores a tener en cuenta que podrían influir en la lentitud a la hora de inocular a la población mundial. En esa línea se pronunciaba ayer mismo la Comisión Europea, que considera que liberar patentes de vacunas contra el COVID-19 “no resolverá” el problema actual de acceso a las mismas y prefiere fomentar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar la capacidad de producción a escala global. “Los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias”, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Balazs Ujvari.
El profesor titular de Salud Pública y Medicina Preventiva, Francisco Caamaño, no considera “que sea necesario llegar a la suspensión de las patentes como tal y tampoco sería la solución”. “Pero sí que el sistema podría presionar, cambiando determinadas normas de las industrias que producen las patentes para que tengan que negociar con otras empresas para la producción”, añade.
“No creo que sea necesario llegar a la suspensión como tal”
A Caamaño le da la sensación de que “el problema es de capacidad de producción”. “Yo creo que el sistema puede arbitrar medidas para presionar a las industrias que tienen esas patentes para que tengan que negociar con esas compañías la producción de las vacunas. Seguramente la suspensión de la patente no solucionaría nada porque seguro que otras empresas tendrían dificultades para poner en marcha mecanismos de producción rápido”, argumenta. De este modo, Caamaño cree que “hay una serie de negociaciones que se pueden llevar a cabo en este rango y creo que hay que ser más ambiciosos”.
En este caso, Caamaño no cree que quede claro que la suspensión de la patente solucione las desigualdades entre los países ricos y pobres en el ritmo de vacunación. “Lamentablemente creo que estamos muy lejos de eso porque siguen primando otros intereses. Se sigue funcionando con la idea de que queremos respetar nuestro músculo de empresas farmacéuticas, los mercados tal y como los entendemos. Yo no soy economista, pero me da la sensación de que habría que ser más ambicioso en todo eso”, añade.
Sudáfrica e India, dos países con capacidad para fabricar vacunas, trasladaron ya el pasado mes de octubre a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la propuesta de que los productos desarrollados para el coronavirus no estén sujetos a patente, pero los países de alto poder adquisitivo se muestran contrarios al considerar que la suspensión de dichas patentes obstruiría la innovación científica.
“Hay dos derechos en colisión y que hay que proteger adecuadamente”
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago Andrés Cernadas, que también es economista, afirma que “son dos derechos los que se deben proteger: las industrias farmacéuticas necesitan tener posibilidades de ganar dinero, porque de lo contrario no van a investigar ni a desarrollar productos, pero también es evidente que no pueden enriquecerse de manera desmesurada a costa de la salud de la población”: “Ahí hay dos derechos que entran en colisión y que habría que proteger adecuadamente, cuando en muchos casos una parte importante del dinero para la investigación para esas vacunas es público”, dice Cernadas, autor también de una investigación en gestión sanitaria.
“Haría falta armonizar esos dos derechos, pero liberalizar sin más las patentes creo que no es una solución porque es cambiar las reglas de juego a mitad de la partida y probablemente no sería jurídicamente sostenible”.
“Tendríamos que buscar la manera de compatibilizar ambos derechos que ahora están entrando en colisión y, en ese sentido, se podrían fijar unos límites de precios, algo que tiene todo el sentido del mundo y que se hace también con otros productos; que cuando se aporte dinero de la administración, esa administración tenga algo que decir sobre el resultado de esas investigaciones; o incluso acortar los periodos de las patentes, pero yo creo que lo más razonable, en un caso como este que afecta a la población mundial y dado que hay países con bajo poder adquisitivo, lo más sensato sería la reducción de precios, fijar unos precios estándar, que se pueda vender por debajo de ese precio y no por encima”. Cernadas tampoco cree que la suspensión de las patentes garantice su suministro a países con menos recursos. Para él, la solución radica en que la administración, en aquellos proyectos en los que participa con su financiación, se reserve el derecho de tomar ciertas decisiones, y que se intente fijar límites máximos de precio y, en consecuencia, de beneficio, para estas industrias. Hay que ir hacia un límite de precios y que se mantengan los estándares de producción para poder llegar cuanto antes a más gente”, esgrime.
“Se debe llegar a acuerdos que no hipotequen el futuro”
"No creo que la suspensión de las patentes sea una medida acertada, ni posible."
“ Ya se ha discutido en anteriores ocasiones, concretamente con el tema de los tratamientos frente al VIH o la hepatitis C. Ahí fue por el precio, aquí el problema es la capacidad de producción, y aunque se suspendieran las patentes no habría más sitios donde fabricarlas. A nivel mundial hay muy pocas plantas con capacidad de fabricarlas, y con las capaces en diferentes lugares del mundo (India, China, Sudáfrica), incluso con empresas competidoras, ya han llegado a acuerdos las compañías farmacéuticas”, india Juan Jesús Gestal Otero, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública y director de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia.
En un contexto donde, según datos de un estudio de la Universidad de Duke (Carolina del Norte), el 16 % de la población mundial acapara el 60% de las vacunas contra el coronavirus que se han comprado hasta ahora, Gestal indica que “en una situación de mercado en la que hay escasez de un producto muy demandado siempre los países más ricos, con mayor capacidad de desarrollo de vacunas y de compra, van a cubrir primero sus necesidades que los países pobres. Por algunos países se han firmado contratos por mayores cantidades de vacunas de las necesarias para tratar de conseguir cuanto antes las coberturas vacunales. Muchos de esos excesos de vacunas adquiridos serán donadas a países con menos recursos, a través de COVAX, uno de los tres pilares del Acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT) puesto en marcha en abril del pasado año por la OMS, la UE y Francia para brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. El pilar COVAX se centra en este último”, apunta.
Gestal apuesta por el diálogo. “Se debe llegar a acuerdos que no hipotequen el futuro. Un posible acuerdo podría ser conseguir más “licencias voluntarias” por parte de los dueños de las patentes que permitan la producción por otros fabricantes capacitados, y aumentar las donaciones a COVAX. Eliminar las patentes puede suponer un obstáculo en la innovación para luchar contra futuras enfermedades. Si queremos que en el futuro se siga trabajando en el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, los laboratorios deben poder contar con incentivos. En este momento la protección industrial mediante patentes de los derechos de propiedad intelectual ha permitido que, en menos de un año de la aparición de una pandemia de la magnitud de la actual, dispongamos de numerosas vacunas ya en el mercado y otras en diferentes fases de desarrollo. Si se eliminan las patentes ¿quien garantizará que podamos en el futuro disponer de los medicamentos que necesitemos? El desarrollo de un medicamento es muy largo y costoso y de los miles de moléculas estudiadas muy pocas llegan a comercializarse”.
