28 años después de que Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate sobre la eutanasia en España, el Congreso de los Diputados vivió este jueves un “día histórico”, como subrayaron la mayoría de los grupos parlamentarios. La Cámara Baja aprobó definitivamente, con los votos en contra de PP y Vox, la ley que despenaliza la eutanasia y que regula su procedimiento, que entrará en vigor dentro de tres meses.
España se convierte así en el sexto país que legaliza esta práctica, aunque algunos Estados más permiten el suicidio asistido y otros están en proceso. La ley española facilita ambas cosas: tanto que el paciente se autoadministre el medicamento que provoca la muerte con supervisión médica (suicidio asistido) como la eutanasia, es decir, la administración por parte del médico de la sustancia al enfermo terminal.
Por eso, en el hemiciclo del Congreso fueron varios los grupos que destacaron que España “refuerza el compromiso” con el “avance en derechos” (como Sara Giménez, de Ciudadanos), con una “respuesta legal y segura a una situación angustiosa y terrible para muchas personas”, en palabras de Joseba Agirretxea, del PNV.
“Llega tarde”
No obstante, también fueron varios los parlamentarios que recordaron que la legislación llega “tarde” para muchos enfermos, que durante años han muerto sin poder acogerse a ayuda médica para acabar con sus vidas. La exministra María Luisa Carcedo, impulsora de la legislación, ha recordado en su discurso las reflexiones de muchos de ellos, como Sampedro, Fernando Cuesta, Luis Montes..., a favor de una ley que establece que “la persona decida con libertad con mayúsculas”.
“Son ya 20 años de intentos en este parlamento”, recordó a su vez Iñaki Ruiz, de Bildu. Y es que incluso la ley aprobada ayer fue admitida a trámite en dos ocasiones más, pero no salió adelante por los adelantos electorales. Y la tramitación actual se ha demorado más de un año, aunque es poco tiempo teniendo en cuenta el debate que suscita.
La oposición
De hecho, los grupos contrarios a la norma echaron en cara al Gobierno que en vez de aprobarla en Consejo de Ministros, la presentara como proposición de ley del PSOE, lo que ha impedido a los órganos consultivos pronunciarse. Además, no se ha permitido la comparecencia de expertos en las Cortes, para agilizar el proceso y en un contexto en el que la Organización Médica Colegial ha avisado de que la ley va en contra de su código deontológico, aunque encuestas en algunos colegios demuestran que tiene un apoyo mayoritario en la profesión. También el CIS mostró en enero que el 72% de los españoles están a favor.
Pese a ello, el PP y Vox han reiterado sus argumentos en contra de una ley “diseñada, no para casos excepcionales”, sino como “un efecto llamada para las personas más vulnerables”, según el popular José Ignacio Echaniz. Mientras que Lourdes Méndez, de Vox, ha acusado directamente a los proponentes de “implantar la cultura del descarte y la muerte”. La ultraderecha ha anunciado, además, que recurrirá la norma ante el Constitucional. Y los obispos han pedido a los españoles que suscriban testamentos vitales donde muestren su rechazo a que se les aplique la eutanasia.
Pese a estas objeciones, la ley española es muy garantista y, aunque algunos grupos han pedido su eliminación, finalmente incluye la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada autonomía, que deberá autorizar la eutanasia y que tiene que estar lista cuando en junio entre en vigor la norma. Es un organismo que no se contempla otros países donde la eutanasia está despenalizada, que se añade a la autorización que deben realizar dos médicos diferentes, y que hace temer a los activistas que en las autonomías gobernadas por el PP se autoricen menos muertes que en el resto.
La norma contempla además que los médicos puedan acogerse a la objeción de conciencia, si bien también deja claro que “el acceso” no podrá resultar “menoscabado” por ello. Y es que la ayuda a morir se prestará en centros sanitarios, tanto públicos como privados, o en el domicilio del enfermo.
Y podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a su autonomía y les genere un “sufrimiento físico o psíquico intolerable”. Deberán presentar su solicitud en dos ocasiones por escrito y tras dos procesos deliberativos y si cumplen los requisitos, recibirán la ayuda a morir en torno a 35 días después.
VIGILANTES DE LA LEY
Ángel Hernández se convirtió, voluntariamente, en abril de 2019 en uno de los mayores activistas a favor de la eutanasia. En concreto, el día 4 de ese mes fue detenido por ayudar a morir a su compañera durante 25 años, María José Carrasco, quien sufría esclerosis múltiple en estado avanzado y necesitaba de la ayuda de Ángel para todo.
A diferencia de otros familiares de enfermos graves que les ayudan a morir, Ángel no se ocultó y en un vídeo se puede ver cómo suministró la sustancia letal a María José. Asimismo, grabó unos 30 vídeos para mostrar el sufrimiento y dolor que tenía su compañera, un material gráfico y una acción, la de autoinculparse, que Ángel considera “determinante” para que la ley de eutanasia, después de años de tramitaciones infructuosas, haya salido adelante.
La detención de Ángel y su periplo judicial posterior captaron la atención de todos los medios de comunicación puesto que, aunque en el vídeo se aprecia que María José quería morir, ha sido juzgado por violencia de género. La fiscalía ha pedido seis meses de cárcel para él, aunque ha anunciado que, si es condenado, informará a favor de su indulto. A Hernández le gustaría ser directamente “absuelto” o al menos que su caso fuese juzgado por un tribunal ordinario, pero como el juzgado especializado ya ha abierto juicio oral, está meditando ahora si se presentará o no a la vista.
Más allá de su situación personal, Ángel manifiesta que se siente “aliviado” ante la inminente regulación de la ayuda a morir, aunque recuerda que “llega tarde” para muchos enfermos. En su opinión, la aprobación de una ley es un “paso importante”, pero ahora toca estar vigilante para que el PP, con la ayuda de Vox, no la “bloquee” a nivel territorial. “No podemos permitir que lo impidan y que haya pacientes que se tengan que exiliar de una comunidad a otra para recibir la ayuda a morir”, avisa. “Seguiremos batallando, la batalla no ha terminado”, avanza. En su opinión, muchos “poderes fácticos” no quieren que se implante la prestación en el Sistema Nacional de Salud.
