Las fuerzas de seguridad registraron el pasado año 16.528 denuncias de desapariciones, la menor cifra desde 2011 como consecuencia de las restricciones por la pandemia, si bien están activos 1.349 casos de 2020, lo que supone que un 8% de los desaparecidos no ha sido localizado.
Son algunas de las conclusiones del quinto informe de las personas desaparecidas sin causa aparente en España en 2020 que ha hecho público este martes el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior con motivo de su día nacional.
Se trata de una radiografía extensa precisa del fenómeno a través del análisis de las estadísticas de los cuerpos policiales y los datos incorporados en la base de datos de desaparecidos y restos humanos sin identificar.
Desde la creación en 2010 de esta base de datos hay registradas a 31 de diciembre pasado, un total de 219.425 denuncias, de las que 4.685 están activas, es decir, están en vigor porque sobre ellas existe un señalamiento policial. De ellas, los investigadores considera que un 76% son voluntarias, un 21% involuntarias y un 3% forzosas.
La mayoría del resto de denuncias de esta última década están en situación de "cesadas" -206.373-, lo que significa que se ha cancelado la alerta o ha sido anulada porque existía más de una denuncia. Además otras 8.367 corresponden a menores extranjeros no tutelados y fugados de centros.
Españoles, menores y voluntarios
Las fuerzas y cuerpos de seguridad incluyeron en sus bases de datos en 2020 16.528 denuncias por desaparecidos, un 37,8 % menos que el año anterior, de la que el 68% corresponde a ciudadanos españoles, aunque entre las denuncias de extranjeros hay 107 nacionalidades diferentes.
El 92% de las denuncias del pasado año fueron resueltas antes de acabar 2020, y el 67% lo hicieron en los primeros catorce días desde la fecha de la desaparición.
Del total, siguen activas 1.349 casos de 2020, lo que supone que un 8% de los desaparecidos no ha sido localizado.
Seis de cada diez corresponden a menores de entre 13 a 17 años, en tanto que los mayores de 65 años representan el 5% de las denuncias. El 76% se consideran voluntarias.
Por provincias, ha sido Las Palmas, con 2.060 denuncias, por delante de Madrid (1.813) y Barcelona (1.267) las provincias con mayor número de casos denunciados.
Estados de alarma
El informe del Ministerio del Interior, de 106 páginas, dedica dos capítulos extensos a analizar las desapariciones durante los estados de alarma, pues es a partir de marzo cuando las denuncias caen de forma drástica, especialmente en abril, con 407 casos, históricamente el mes con menor número de casos desde que hay registros en 2010.
De esta forma, el análisis concluye que la situación sanitaria y las restricciones en la movilidad han tenido un notable impacto en el descenso de denuncias (16.528), con respecto a los últimos nueve años. Salvo en 2012 siempre se ha superado las 20.000 denuncias anuales.
Durante el primer estado de alarma -entre el 14 de marzo y el 21 de junio- las fuerzas de seguridad registraron 2.575 casos, un 67 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019, cuando se dieron cuenta de 7.727 denuncias.
A 31 de diciembre de 2020 estaban activas 117, en tanto que la mayoría han cesado. La explicación se encuentran en que el 73 por ciento de las denuncias corresponden a menores, que sobre todo abandonan su domicilio de forma voluntaria durante un periodo corto de tiempo.
Es llamativo el descenso de fugas protagonizadas por menores extranjeros en centro de protección. Durante el primer estado de alarma hubo 378 frente a las 1.566 del pasado año en el mismo periodo.
Respecto al segundo estado de alarma incluido en 2020 -desde 25 de octubre a 31 de diciembre- se contabilizaron 3.312 denuncias que, al igual que en el periodo anterior, supone una reducción notable con respecto al año anterior.
Como en el primer estado de alarma, la mayoría, un 70 por ciento, corresponde a menores, de los que 548 eran extranjeros no tutelados. Casi todas las provincias registraron menos de 12 casos pro cada 100.000 habitantes.
Cadáveres y restos humanos
El informe del Centro Nacional de Desaparecidos incluye los cadáveres y restos humanos hallados desde 1968, el primer año del que constan datos de este tipo, aunque no es hasta 2010 cuando se incluyen en el sistema de forma anual.
Así, de los 4.018 expedientes post-mortem, permanecen sin identificar 3.236 frente a los 782 identificaciones.
En el periodo 2010-2020 se han abierto 1.316 expedientes y se han identificado 565, lo que representa el 43 % de los cadáveres y restos humanos en este tiempo.
Madrid, Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona, Las Palmas, Castellón, Alicante e Islas Baleares son las provincias con más cadáveres identificados (63,9%) y también los que aún acumulan más expedientes abiertos (55,8%).
Los lugares de hallazgo de cadáveres y restos son, por este orden, las playas, las aguas interiores, el terreno rural abierto y los descampados urbanos.
Interior destaca que un factor importante es la incidencia de la inmigración irregular. De los 3.236 cadáveres sin identificar, en torno a un millar podrían corresponder a inmigrantes irregulares de los que no se tienen muestras para cotejar y, por tanto, es difícil llegar a su identificación.
