El Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso ayer a España una multa de 15 millones de euros por no haber introducido a tiempo en la legislación nacional una directiva europea de protección de datos y le obliga además a pagar 89.000 euros al día mientras siga sin hacerlo.

La Comisión Europea llevó a España ante la justicia comunitaria y solicitó aplicar una sanción ligeramente superior a la decidida por el Tribunal.

El Ejecutivo comunitario hizo una primera advertencia a España en julio de 2018 y emitió un segundo aviso en enero de 2019. En su respuesta a este segundo dictamen, España indicó que estaba adoptando medidas para transponer la directiva y que el proceso debería concluir a finales de marzo de 2020.