El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por unanimidad los aspectos clave de la ley del “solo sí es sí”, la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación, si bien Igualdad ha anunciado que seguirá adelante con el anteproyecto.

El órgano de gobierno de los jueces aprobó ayer su informe sobre el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, un dictamen crítico –pero no vinculante– que llega tras cuatro meses de deliberaciones y que se opone al núcleo de la norma. A pesar de este revés, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado que la norma seguirá adelante: “Solo sí es sí. Será ley”, escribió en Twitter.

A las puertas de su renovación, el pleno del CGPJ respaldó la propuesta sobre la ley de libertad sexual elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador).

El dictamen estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una “inversión de la carga de la prueba”.

El anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Montero indica que “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.

El problema, alerta el CGPJ, no es conceptual, sino de prueba: “Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”.