"Un tráfico de influencias manifiesto y nuestro rechazo es total", así aseguraba en un comunicado la entidad Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ante la vacunación irregular de la consejera delegada de las residencias DomusVi, Josefina Fernández, y a su hermano Pedro Fernández. Un acto que calificaron de "despropósito" y han exigido la dimisión inmediata de los responsables de esa vacunación de la que consideran "la culpable del desastre sucedido en las residencias de Galicia".
En la nota de prensa, además, la asociación critica la composición de la comisión de expertos y asegura que "casi la mitad de los miembros son cargos institucionales" cuya designación se hace por criterios de afinidad política en lugar de por su experiencia o conocimientos.
En este sentido, además de censurar que falta personal experto en pandemias, subraya que, excluyendo a los cargos institucionales, "20 de 26 miembros" de la comisión de expertos "defienden intereses privados o presentan grandes conflictos de interés por su vinculación a las empresas farmacéuticas".
La gerente no figuraba en la relación de personal que facilitaba la Xunta, aunque alegó que al ser trabajadora de las residencias tenía derecho a ser vacunada incluso por delante de personas de riesgo. Domusvi, por su parte, apoyó a su gestora indicando que Josefina y su hermano trabajan visitando centros por todo el país, en contacto constante con el virus y que los médicos le han recomendado vacunarse para evitar posibles contagios.
