El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendió ayer la estrategia de vacunación del Gobierno en un momento en el que la polémica con las vacunas ha provocado la dimisión del JEMAD y la destitución de un oficial de la Guardia Civil tras administrarse la primera dosis sin ser del primer grupo de vacunación, al igual que varios cargos militares y al menos una veintena de políticos.

Eso sí, durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, Sánchez hizo referencia a ninguna de las personas que se han vacunado ya, saltándose el protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad, y entre los que estaban también varios alcaldes socialistas.

Sánchez, que resaltó el “sentido común”, la “inteligencia fina” y la “bondad” del ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó el ritmo de vacunación en España asegurando además que se “superará el ritmo previsto”. En este sentido, volvió a prever, como ya hiciera en otras comparecencias, que el 70 por ciento de la población española estará vacunada en verano.

Sánchez explicó que se han entregado ya más de 1,3 millones de dosis de la vacuna en España y ha destacado esta cifra porque, según ha defendido, la vacuna de Pfizer se aprobó a finales del mes de diciembre y estamos a finales de enero.

El PSOE celebró ayer su Comité Federal desde Barcelona para arropar a Salvador Illa como candidato a las elecciones catalanas, y se hizo de manera semipresencial por la evolución de la pandemia.

De hecho, el COVID-19 centró gran parte del discurso de Pedro Sánchez y del Comité Federal del partido. En este contexto, se guardó un minuto de silencio al inicio de la reunión y los ponentes también rindieron durante sus intervenciones un homenaje a las víctimas.

El líder del PP, Pablo Casado, denunció ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estén de “campaña” electoral en Cataluña en vez de ocuparse de la crisis del coronavirus ante las “inadmisibles” cifras de contagios y fallecidos. Ante la tercera ola de COVID-19, acusó al Ejecutivo de “negar la evidencia” y no “hacer caso a las reclamaciones” de las autonomías”.