El Gobierno de Japón acordó ayer proyectos de ley para penalizar a quienes no cumplan con las medidas de seguridad ante la COVID-19, incluso con condenas de cárcel en caso de negarse a ser hospitalizado.El segundo proyecto de ley incluye condenas de prisión de hasta un año o sanciones de hasta un millón de yenes (más de 7.900 euros) para aquellas personas que rehúsen a ser hospitalizadas.
