La histórica condena a Pescanova

Hicieron falta más de siete años para que la Justicia española determinase quiénes y cómo causaron la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España. El 6 de octubre la Audiencia Nacional decretó penas de prisión por más de 33 años para el expresidente del grupo, Manuel Fernández de Sousa, su antiguo equipo de confianza y la auditora BDO. Que el concurso de acreedores de Pescanova SA, de 3.650 millones de euros, no fue fruto de una confabulación de la banca ni de sus exsocios: “Al menos desde finales de 2007, ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y ostentar frente al resto de los socios una situación económica y financiera negativa, muy distinta a la publicada oficialmente”.

El juicio, que arrancó en San Fernando de Henares (Madrid) el 2 de diciembre de 2019 y se prolongó hasta finales del pasado julio, se caracterizó por una absoluta desidia de los medios de comunicación, que ignoraron –hasta que FARO lo advirtió públicamente– un procedimiento de extraordinaria gravedad para la economía española. Por primera vez la Justicia condenaba a prisión a un auditor, Santiago Sañé (BDO), máximo responsable de la supervisión contable externa de la pesquera, por los delitos de falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera. Tres años y seis meses de prisión. BDO “contribuyó, de forma decisiva, a que la contabilidad no reflejara la imagen fiel de la compañía, que era, precisamente, su principal responsabilidad”, reza la sentencia.

El Alto Tribunal impuso penas de cárcel para doce personas físicas por 33 años y medio, casi las mismas que solicitaba Fiscalía Anticorrupción para el propio Fernández de Sousa. Los condenados han presentado recursos ante el Supremo, todavía pendientes de evaluación. Tras un acuerdo con el Ministerio Público, los hombres de paja –gestionaban doce sociedades instrumentales– quedaron exonerados. El procedimiento también afectó a la esposa de Sousa, Rosario Andrade, cuyos fondos en un banco portugués –que había intentado derivar a Hong Kong– quedaron confiscados. Su hijo P.F.A y su hermano Fernando fueron absueltos.