El Institut Germans Maristas reconoce los abusos sexuales que sufrieron 25 de sus exalumnos durante su escolarización en colegios catalanes de la hermandad. Es un gesto que llega 30 o 40 años después de que ocurrieran los hechos para muchos de los afectados y casi cinco después de que “El Periódico” , del grupo editorial al que pertenece FARO DE VIGO, destapara el caso Maristas. La comisión de reparación que arrancó en febrero del presente año ha escuchado a estas 25 víctimas aportadas por la Fundació Mans Petites y ha dado credibilidad a su relato.

Los exalumnos serán indemnizados económicamente por la organización religiosa, que también les ha hecho llegar una carta en la que la institución se muestra “profundamente avergonzada” y pide “perdón” de “todo corazón”. A esta cifra de 25 agraviados por la pederastia de docentes maristas debe sumarse las cuatro víctimas por las que fue condenado el profesor Joaquim Benítez –que sigue en libertad–, un cómputo que todavía se mantiene lejos de la cantidad real de menores de edad que sufrieron abusos sexuales, durante décadas, en escuelas de la institución.

La investigación de este diario iniciada en febrero de 2016 ha acumulado ya 51 denuncias policiales contra 18 docentes (12 hermanos religiosos, cinco profesores seglares y un monitor de comedor) de los colegios de Sants-Les Corts, la Inmaculada y Anna Ravell (Barcelona), Champagnat (Badalona), Valldemia (Mataró) y Montserrat (Lleida) por hechos acaecidos entre 1962 y 2018. El referido diario catalán, además, localizó a más víctimas que no presentaron denuncia de estos colegios y de otros colegios de Vic o Girona. En total, casi un centenar de afectados.

Es la primera vez en España que una organización religiosa repara públicamente a víctimas de pederastia sin que la justicia obligue a ello. La ley no forzaba a los Maristas a pagar a estos exalumnos porque se trata de afectados que padecieron delitos ya prescritos. Los docentes que los perpetraron no han sido juzgados y, en consecuencia, sus víctimas no habían podido ser reparadas. La insistencia de Manuel Barbero, fundador de Mans Petites y padre del exalumno con el que arrancó el caso Maristas en febrero de 2016, ha sido clave para crear la comisión de reparación. El resto de víctimas que no dieron el paso de contactar con Mans Petites aún pueden reclamar dirigiéndose directamente a la institución marista, que afirmó a este diario que estudiaría cada nuevo caso.

Formada por dos psicólogas expertas en violencia sexual –una elegida por Mans Petites y otra por los Maristas– y por un abogado –propuesto por Maristas y aceptado por Mans Petites–, la comisión aceptó a 31 exalumnos aportados por Barbero. Seis, sin embargo, renunciaron finalmente a participar. Las entrevistas a los 25 que siguieron adelante comenzaron en la sede del colegio d’Advocats en febrero. Debido a la pandemia tuvieron que trasladarse a un edificio marista. Las dos psicólogas y el abogado han dado credibilidad a los relatos –“estremecedores” en algunos casos– de todas ellas, una admisión explícita de los abusos que cometieron docentes de sus claustros, tanto hermanos religiosos como laicos.

No ha sido una comisión de investigación interna como las desplegadas por la Abadía de Montserrat o los Jesuitas de Cataluña, cuando estallaron sendos casos en su seno –ambos investigados también por este diario–, cuyo fin era averiguar cuántas víctimas sufrieron abusos en sus organizaciones y tomar medidas sancionadoras contra los agresores pero no indemnizarlas económicamente. La de los Maristas ha hecho lo contrario: no ha sido impulsada con el propósito de castigar a los hermanos que siguen bajo su tutela, pero sí reparará a los afectados.

El acuerdo que Maristas y Mans Petites firmaron a principios de año decía explícitamente que las cantidades que la organización religiosa abonaría como indemnización a cada una de las víctimas reconocida tomaría de marco de referencia casos reales recogidos en la jurisprudencia. Según el fallo redactado por la Audiencia de Barcelona contra Benítez la primavera pasada, los abusos más graves cometidos por este profesor (delitos reiterados con penetración) deben ser indemnizados con 60.000 euros y los más leves (tocamientos), con 10.000. Son cantidades insuficientes en muchos casos.