El Gobierno informó el martes de que las personas que viven en residencias de mayores y centros sociosanitarios, así como los empleados de estas instalaciones, serán los primeros en vacunarse, cuando lleguen las primeras dosis del antídoto contra el COVID. Y la elección se fundamenta en que, pese a que no hay datos oficiales totales de cuántos contagiados y fallecidos ha dejado el virus en las residencias, es evidente que el virus ha sido un tsunami para los centros de mayores. Según los cálculos realizados por Prensa Ibérica con la información facilitada por las Comunidades Autónomas hasta el 24 de noviembre, han fallecido en estos espacios 24.648 personas desde la llegada del virus a España.

Y los motivos son variados: en los geriátricos viven personas muy mayores y con múltiples patologías, pero además en un inicio no se vio venir la tragedia y no se impidieron las visitas a tiempo, no hubo equipos de protección, no sé derivó a los enfermos a los hospitales y así un largo etcétera.

Pese a ello, el Gobierno no ofrece una cifra centralizada de fallecidos en centros residenciales. El Ministerio de Sanidad hizo un primer intento durante la primera ola pero no publicó ningún dato porque el recuento de las comunidades no era comparable entre sí. Aun así, llegó hasta los medios de comunicación el cálculo de que habían fallecido 27.359 personas hasta el 21 de julio. Después retomó la tarea el Ministerio de Derechos Sociales, que aún no ha hecho público el dato. Si bien, a primeros de noviembre se filtró un borrador del grupo de trabajo conformado con las autonomías para analizar qué sucedió en las residencias y acordar medidas donde se cifra en 20.268 los decesos en estos espacios hasta el 23 de junio, un dato más depurado que el anterior.

El documento advierte de que lo sucedido en los centros de carácter residencial de marzo a junio posee “lagunas en el análisis derivadas de la falta de datos suficientemente robustos y homogéneos entre territorios”. Y avisa de que no se puede comparar el total de fallecidos por COVID de toda España, hasta ese momento más de 28.000, con la cifra de muertos en residencias (esos 20.268) porque en este último dato sólo el 51% de los casos está confirmado mediante test, mientras que 9.904 se notificaron con síntomas compatibles pero sin una prueba que lo atestiguara, requisito imprescindible para Sanidad.

Por tanto, de ser de ser válida la cifra de que hubo unos 20.000 muertos en la primera ola, en esta segunda se habían producido en torno a 4.300 defunciones en residencias, según los datos recabados por Prensa Ibérica. Y la cifra total de fallecidos ofrecida por Sanidad es de 43.668, de los cuales 13.979 han muerto en esta segunda ola, hasta el 24 de noviembre.