España es uno de los países del mundo con mayor tasa de vacunación, pero el 43% de la población no tiene claro si se vacunará contra el Covid-19, a tenor de los últimos informes del CIS. La posibilidad de que en los próximos meses se disponga de las primeras vacunas que permitan frenar la pandemia, abre el debate de si la vacunación debería ser obligatoria ante el auge del negacionismo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue el primer político en pronunciarse y hace unos días avanzó una propuesta de reforma de la legislación sanitaria. ¿Hay base legal para imponer la obligatoriedad de la vacuna? ¿Es necesario? Frente a la controversia jurídica, científicos y comités bioéticos apuestan por la información a los ciudadanos con pros y contras para que decidan de forma voluntaria.
"Afecta a derechos fundamentales y debe ser objeto de Ley orgánica"
Jaime Rodríguez Arana, catedrático de Derecho Administrativo y uno de los juristas gallegos de mayor prestigio internacional, advierte de que debe ser objeto de una Ley orgánica: “La cuestión de la vacunacion obligatoria afecta a derechos fundamentales y debe ser objeto de una ley pues en España el artículo 53.1 constitucional manda que el desarrollo de los derechos fundamentales sea por ley, no por norma administrativa, menos por actos administrativos. La actual ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública de 1986, prevé que se puedan adoptar en casos de urgencia las medidas que sean adecuadas y necesarias para prevenir la transmisión de determinadas enfermedades. Sin embargo, cuando esas medidas afecten a derechos fundamentales la Constitución".
"Exige una ley que regule de forma concreta y precisa el régimen y limitaciones de dichos derechos tal y como se está haciendo en Francia, Alemania o en el Reino Unido siguiendo el principio de legalidad que también reconoce nuestra Constitucion”.
Entiende que esa ley: “Podría establecer como principio el de vacunacion general para la población de forma que los poderes públicos sanitarios faciliten a las personas que lo deseen la vacunación, informando de su grado de fiabilidad y de su conveniencia para evitar los contagios”. Explica que: “El articulo 10.1 de la Constitucion dispone que los derechos inviolables de los ciudadanos y el libre desarrollo de su personalidad son fundamentos del orden público y la paz social por lo que siendo la vacunacion general una medida altamente recomendable de salud pública en las circunstancias actuales, siempre que haya pasado los filtros científicos previstos, hay que respetar la libertad de las personas. Se podría establecer el principio de la vacunacion general de la población como medida de salud pública regulando la objeción de conciencia para quienes no deseen vacunarse por razones justificadas”.
“Con la normativa actual no puede decretarse la obligatoriedad, ni es competencia de la Xunta”
En el mismo sentido se pronuncia la abogada Ana Camiño: “A día de hoy, con la normativa que tenemos, entiendo que no es posible decretar la obligatoriedad de la vacunación y tampoco es competencia de la Xunta. Sería necesario, desde mi punto de vista, una modificación de la Ley de Sanidad Pública. Aún así lo considero una injerencia grave en los derechos fundamentales. Creo que no se deben aplicar leyes anteriores, como la de la difteria de 1944, sino que necesitaríamos una adecuada a este momento. En todo caso serán los jueces los encargados de valorarlo”.
“La clave es facilitar información. Cualquier vacuna que se autorice cumplirá las garantías”
Científicos como el pediatra y miembro del comité asesor de vacunas de la OMS, Federico Martinón-Torres o el investigador del CSIC y presidente de la Asociación Gallega de Bioética, Ángel Guerra, coinciden en que aunque la obligatoriedad sea legal, debe apostarse por la información y la voluntariedad. Excepto si en algún momento se diera un problema de rechazo masivo.
“La imposición puede tener el efecto contrario, hay que explicar bien beneficios y riesgos”
“La obligatoriedad de la vacunación es un debate histórico, pero sabemos que no condiciona mejores resultados. Si lo contextualizamos con el Covid-19 hay que tener en cuenta que estamos es una infodemia, una campaña de miedo propiciada por la intoxicación a que estamos sometidos. Estamos viendo el desarrollo de vacunas en directo y es como si asistiéramos a una operación a corazón abierto. Es normal que leyendo y escuchando lo que se dice de estas vacunas los sondeos iniciales nos digan que hay gente de muchos países, no solo en España, que de entrada no se pondrían una vacuna que ni siquiera tenemos disponible”. En su opinión la clave está en facilitar información para que los ciudadanos decidan voluntariamente:
“Cualquier vacuna que se autorice cumplirá todas las garantías”
Ángel Guerra apunta que aunque la obligatoriedad pueda ser legal y éticamente aceptable “puede llevar a un efecto contrario al que se persigue, a que la gente decida no vacunarse en el uso de su libertad y tener utilizar entonces medidas coercitivas. Más que una imposición hay que establecer las consecuencias de la no vacunación. Es muy importante la comunicación, explicar bien beneficios y riesgos. Los expertos pensamos que la mayor parte de los ciudadanos lo van a entender y aceptar sin necesidad de imposición. Una inmunidad colectiva del 60 o 70% se podría conseguir también sin medidas obligatorias, si es que hay suficientes dosis de vacunas inicialmente”.
