El presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, rechazó ayer un cambio de modelo de las residencias para convertirlas “en unidades medicalizadas”, sino por una mayor “coordinación e interacción” entre estos centros con el hospital de referencia de cada área sanitaria. Así lo manifestó ayer, en la comisión del Parlamento gallego para la reactivación social y económica de Galicia, el responsable de uno de las mayores entidades gestoras de residencias de ancianos de Galicia. En concreto, la Fundación San Rosendo gestiona 70 centros residenciales, buena parte en la provincia de Ourense, con un total de 3.667 plazas y 1.793 trabajadores.

Durante la comparecencia, su presidente defendió que hay que “evolucionar” el modelo de gestión para intentar crear “unidades de convivencias” con cambios en la arquitectura de los centros, pero estos “tienen que seguir siendo hogares”.

Gavela incidió en que este es “el mejor camino para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores” que ingresen en estos centros en los próximos años, para también para “plantarle cara a pandemias” como la actual, pero a través de los servicios sanitarios convencionales.

“Las personas mayores que viven en una colectividad tienen que ser atendidas por el médico que le corresponde por su tarjeta de la Seguridad Social, independientemente de que en el centro tenga un médico. Cuando ingresan en una residencia no pierden su derecho a la atención sanitaria, al igual que aquellas personas que permanecen en sus hogares”, ha recalcado.

A modo de sugerencia, el presidente de la Fundación San Rosendo propuso “fortalecer” el plan de Hospitalización a Domicilio del Sergas, conocido como ‘HADO’; y remodelar la “arquitectura” de los centros para disponer de “áreas de aislamiento y una mayor compartimentación de las salas”.

Al hilo, puso como ejemplo “un cambio en el criterio de los comedores”, para que estos sean más y “más pequeños” con el objetivo de “mantener las unidades de convivencia”.

No en vano, José Luis Gavela apostó por que se aplique el modelo de “atención centrada en la persona” que, según sus palabras, desarrolla la Fundación San Rosendo para situar “a las personas mayores como agente activo en el centro del servicio, organización y proceso de atención”.

Esta entidad que gestiona unos 70 centros en toda Galicia –entre ellos, algunos con grandes brotes en la segunda oleada, como Os Gozos de Pereiro de Aguiar (Ourense) y el de O Incio (Lugo)– contabiliza que desde el inicio de la pandemia tuvo 821 infectados por COVID-19, el 15 por ciento del total de 5.460 personas que alberga, entre usuarios y trabajadores.

En cuanto a los fallecidos, el presidente de la Fundación cifró en un total de 102 –el 2,7 por ciento de sus usuarios-- y afirmó que contaban con una media de 86 años y diversas patologías asociadas. Aunque ha pedido “perdón” a sus familiares por si no consiguieron “atender a sus expectativas”, Gavela afirmó que “no fallecieron solos”, sino que lo hicieron “en un entorno que ellos consideraban su hogar”.

Cuando llegó el turno de la oposición, el diputado del PSdeG Pablo Arangüena protagonizó el momento más tenso de la sesión, en la misma línea que durante la comparecencia de la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, el pasado viernes, al asegurar que la Fundación San Rosendo está “estrechamente vinculada al PP”.

De hecho, recordó que el fundador y presidente de honor de la entidad, Benigno Moure, fue condenado a cinco años de prisión por un delito de estafa de 600.000 euros a una anciana enferma de ‘alzhéimer’, tras lo cual el entonces presidente del PP de Ourense y de la Diputación, José Luis Baltar, encabezó marchas para frenar su ingreso en la cárcel y el actual jefe del Parlamento, Miguel Santalices, fue “un destacado impulsor” de una “campaña de reconocimiento”.

Al respecto, el compareciente declinó “opinar sobre cosas juzgadas” y se limitó a destacar que “la obra de don Benigno es la Fundación”. Por su parte, el diputado Alberto Pazos (PP) lamentó la intervención del socialista Pablo Arangüena y ha restringido esta cuestión a que Moure “cometió un error” por el que ya fue “juzgado y condenado” en su momento.

De igual modo, la diputada del BNG Olalla Rodil centró su interveción en denunciar “la falta de anticipación” de la Xunta en la segunda ola de la COVID-19 y en reclamar “un modelo público” de geriátrico frente al privado, un sector que concentra el 80 por ciento del total de plazas en Galicia.

Precisamente, a una consulta de la nacionalista, el presidente de la Fundación San Rosendo desveló que, de 52 millones de euros de patrimonio del último ejercicio, nueve millones se corresponden con fondos que recibe desde la Xunta en subvenciones. “Pero beneficios no tiene. Todo lo que tiene lo invierte en la propia obra social”, afirmó Gavela.

Por último, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, lamentó que Galicia esté a la “cola de España” en número de rastreadores y en las ayudas al sector de la hostelería en relación al resto de comunidades.