La segunda ola de la pandemia no da tregua. Al contrario. Los contagios han marcado un nuevo récord absoluto. Ayer se notificaron 20.986, solo un día después de que se superara el millón desde el inicio de la crisis. Frente a ello España avanza a medias en las restricciones para hacerle frente. El Gobierno y las autonomías dejaron para más adelante la decisión de imponer un toque de queda nocturno en toda España por falta de consenso, pero sí dieron luz verde al plan de alertas que homogeneiza las medidas a aplicar en función del nivel de riesgo de cada territorio.
El grado de acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud respecto a la utilidad de aplicar el toque de queda fue muy alto. Es una medida que se aplicaría de madrugada y no interferiría a las actividades económicas evitando las fiestas en calles, plazas y domicilios. A todos los consejeros les parecía bien, pero no hubo acuerdo sobre el instrumento jurídico para aplicarlo.
Con el estado de alarma hemos topado. El Gobierno sigue sosteniendo, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que “para implantarlo de modo generalizado” es necesario declarar esa figura excepcional al obligar a los ciudadanos a confinarse en sus casas. Casi todas las autonomías del PP que tanto lo denostaron durante la primera ola no quieren ni oír esa palabra. Cataluña y Euskadi también pusieron pegas.
Fuentes conocedoras del contenido de la reunión aseguraron que la discusión ha quedado aplazada únicamente a la espera del resultado de un informe jurídico, pero el ministro dio una versión más amplia de las discrepancias: “Hay que consensuar cuándo se aplica, dónde se aplica, y los instrumentos necesarios para aplicarla”, dijo.
La situación no deja de ser paradójica, porque dos comunidades, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, la primera por carta y esta última de viva voz, ya han solicitado la implantación del toque de queda en su región al margen de lo que se decida para el conjunto de España. Ante eso la respuesta de Illa fue que se analizará su caso con los responsables autonómicos.
A Castilla y León, pese a estar presidida por el PP, le es indiferente el instrumento jurídico. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, explicó que “las cifras apuntan a la posibilidad de que se pueda provocar de nuevo un colapso sanitario y no tomar medidas en este momento sería una irresponsabilidad”.
Por esta razón anoche reaccionó con enfado a la no decisión del Consejo y ordenó a los servicios jurídicos que busquen un encaje legal al establecimiento de un toque de queda nocturno en su territorio, que se iniciaría “a las 9 o las 10 de la noche”, porque la indefinición vivida en el Consejo Interterritorial de Salud es “inaceptable”.
El encaje de la opinión de 17 autonomías con el Gobierno vuelve a ser un obstáculo en un momento que se antoja especialmente delicado. Tras el subidón de casos (el anterior récord estaba en 4.000 menos), el portavoz técnico del Gobierno en la pandemia, que habitualmente ve el vaso medio lleno, admitió su preocupación porque “la previsión es que la tendencia sea ascendente” en las próximas fechas.
La incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días ha dado un nuevo subidón, encaramándose a los 348 casos, con La Rioja y Aragón dando el salto a más de 600 y Navarra aún en fase de ascenso por encima de los mil. La de camas hospitalarias Covid ocupan el 12% y “afectan ya a la actividad cotidiana de algunos hospitales”.
La otra decisión del Consejo, el plan de alertas o “semáforos”, fue adoptada sin ningún voto en contra, pero con las abstenciones de Euskadi y Madrid, que se reservaron aprobar el texto cuando comprueben que se han incorporado sus observaciones. Simón precisó que el documento “no endurece las medidas actuales, pero tampoco las suaviza”. “Las homogeniza ofreciendo a las autonomías un amplio abanico de opciones”, añadió.
También destacó que los indicadores están pensados para aplicarse en ámbitos territoriales más pequeños que las comunidades autónomas, especialmente en los municipios. Y también que el plan es de mínimos.
Valencia y Granada aplicarán cierres nocturnos
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig anunció anoche que impondrá el toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana hasta el próximo 9 de diciembre. A tal fin ha encargado sendas resoluciones a la Abogacía y a Sanidad que remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para dotar la medida de validez jurídica y una vez que se avale judicialmente, entrará en vigor y fijará restricciones para dos millones de personas. “No ha habido un acuerdo unánime para tener una posición nacional, pero la Comunidad Valenciana tiene que hacer camino y ahora necesitamos restringir la movilidad nocturna”, dijo Puig, quien señala que “el principal foco de contagio son las reuniones sociales”. . La medida podría entrar en vigor la próxima semana y cuenta con el apoyo de la Confederación Empresarial Valenciana y los sindicatos CC OO y UGT, que consideran que es “lógica” dado el avance progresivo de la pandemia. La coincidencia, expresan, ha sido “plena” y solicitan que se aplique “cuanto antes”. Según han indicado, el horario no afectaría a los trabajadores del turno de noche. También la Junta de Andalucía ha decretado el toque de queda para Granada y fija restricciones para dos millones de personas. La medida está también pendiente del aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mientras el virus se dispara en la ciudad, con 966 casos por cada 100.000 habitantes. El País Vasco publica hoy restricciones generales que incluyen limitaciones de aforo y cierres anticipados. El Gobierno recomienda no entrar ni salir de 25 localidades con más de 500 casos por 100.000 habitantes, pero no las confina. Se trata de cinco pueblos de Bizkaia y 20 de Gipuzkoa. Las medidas incluyen el cierre de la hostelería a media noche y de txokos y sociedades y locales juveniles de ocio, así como el cierre de los parques infantiles y a la suspensión del deporte no federado.
