En casi la mitad de los concellos gallegos no se ha registrado ni un solo caso de coronavirus en la última semana y, a pesar de ello, su población está confinada y su actividad económica paralizada. Según la planificación del Gobierno, estos municipios deberán esperar, igual que el resto, a mediados de junio para alcanzar la última fase de desescalada, que les permitiría abrir con menos restricciones comercios, bares y restaurantes, permitir el acceso a playas, el funcionamiento al cien por cien del transporte público o levantar los vetos a las reuniones sociales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no le ve sentido y, por eso, ayer reclamó al Ejecutivo central que los municipios con cero contagios puedan acceder directamente a la fase más avanzada de la desescalada. En Galicia esto beneficiaría a 140 ayuntamientos. No es la única comunidad que defendió esta tesis en la conferencia de presidentes celebrada ayer. Extremadura y Castilla y León pidieron que el rural pueda avanzar más rápidamente en la reactivación de la actividad y Andalucía propuso mayor flexibilidad en las restricciones para los municipios con menos de 10 contagios por cada 100.000 habitantes.

La delimitación territorial por provincias para organizar la desescalada no convence a la mayoría de comunidades. Feijóo insistió en que debe organizarse por áreas sanitarias y dentro de estas deben contemplarse "microzonas" que se corresponderían con los distritos sanitarios y que podrían cerrarse o limitar la movilidad si hay un rebrote. Y, entre estas zonas, en su opinión, deberían permitirse los desplazamientos si están en la misma situación epidemiológica.

Una orden publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado recoge la posibilidad de que los gobiernos autonómicos utilicen para el desconfinamiento una unidad territorial más pequeña que la provincia. Aunque Feijóo aseguró que no hay garantías de que el Gobierno acepte las áreas sanitarias como unidad de desescalada, la Generalitat de Cataluña informó de que ya tiene el visto bueno del Ministerio de Sanidad para una división por áreas de salud.

La Xunta también trasladó al Gobierno su demanda de que los núcleos de población con menos de 5.000 habitantes queden liberados de cumplir las franjas horarias para organizar las salidas de la población. El Ejecutivo lo acotaba a los concellos de menos de 5.000 habitantes. "Esto ha impedido que 1.100.000 gallegos pudiesen salir a pasear sin restricciones horarias", lamentó Feijóo, que añadió que el Gobierno se comprometió, en todo caso a revisarlo.

Pero uno de los principales puntos de fricción de la conferencia de presidentes celebrada ayer fue la oposición de los presidentes de cinco comunidades autónomas, entre ellos Feijóo, a que se prorrogue el estado de alarma, queja que no fue atendida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la Xunta lamentó que se mantenga "cautiva" a la población y alertó de que se está ante una situación "más parecida a un estado de excepción". En su opinión, se está haciendo un "un uso desproporcionado" de esta herramienta. Por eso, propuso que no se siga prorrogando "sine die" o, en su defecto" se module en función de los territorios.

Galicia coincide con Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña en la exigencia de poner fin al estado de alarma, mientras que Murcia y Castilla y León no fueron tan tajantes pero también pusieron pegas a nuevas prórrogas.