03 de mayo de 2020
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Actualizado: 03-05-20 21:00h

El Gobierno entregará 16.000 millones a las comunidades para "su reconstrucción"

- Galicia puede recibir 1.300 millones de euros de un fondo creado para que ninguna autonomía "quede atrás" - Sánchez ofrece cogobernanza para conseguir apoyos a la prórroga de la alarma pero advierte de que no hay plan B

03.05.2020 | 02:17
Pedro Sánchez. // Efe

Consciente de que los aliados del Gobierno se oponen a una nueva ampliación del estado de alarma y de sus amenzas de votar en contra de la prórroga el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se abre ahora a una "cogobernanza" con las autonomías para aplicar el plan de desescalada. Sin embargo, este sábado defendió que es imprescindible que continúe vigente la excepcionalidad porque constituye el único sostén jurídico que puede garantizar una desescalada existosa. El resto, advirtió, sería el caos. Ya no se podría restringir la movilidad, se dispararían los contagios y quedarían desprotegidas las personas que tienen una cobertura social mientres dure este periodo de excepcionalidad. "No hay plan b", dijo, desde una comparecencia en la que pidió "responsabilidad" a sus socios, a quienes hizo un guiño con esa "cogobernanza" y el anuncio de un fondo para las comunidades autónomas no reembolsable de 16. 000 millones de euros. Ante las críticas crecientes en la oposición por la ausencia de diálogo, el presidente respondió que llama regularmente a los líderes de todas las fuerzas políticas, algo que PP y Cs desmintieron de inmediato.

En la comparecencia de Sánchez latió de fondo la fuerte preocupación que hay en el Ejecutivo por el plantón de sus aliados. Esta semana, PNV, ERC, BNG y Bildu han avisado a la Moncloa de que no cuenten con ellos para votar a favor de otra prórroga. Consideran que el Gobierno actúa con un centralismo ineficaz, piden la devolución de competencias que consideran usurpadas y exigen que se ponga fin al estado de alarma. Estos partidos fijarán el lunes en sus respectivas ejecutivas el sentido de su voto. El grupo de Íñigo Urkullu, que hasta ahora había apoyado la excepcionalidad, se inclina una abstención y no descarta el 'no'. Republicanos, gallegos e independentistas vascos sopesan rechazar la ampliación. Esto dejaría a Sánchez al albur de Pablo Casado. El pleno se convertiría en una especie de moción de confianza informal. De ahí la insistencia del presidente en asegurar que no hay alternativas.

"El estado de alarma es una necesidad, no es un capricho", subrayó. Argumentó que la mayoría de gobiernos europeos emplean ese mismo mecanismo y recordó que esa norma, aunque limita derechos, garantiza múltiples ayudas que recibe la población mientras siga vigente la alarma: quienes sufren un erte, las prestaciones por cese de actividad de los autónomos, o los beneficiarios de moratorias para alquileres o hipotecas quedarían desprotegidos sin ese instrumento, señaló. "¿Hay un plan b? No hay plan b, el único plan es el estado de alarma", defendió. Desde esa necesidad, apeló a todas las fuerzas políticas para que asuman su "responsabilidad" y estén "a la altura". "¿Cómo no va a estar justificado un estado de alarma en el momento en que hay más incertidumbres que certezas?", planteó.

Sánchez considera que el Gobierno ya ha mantenido una interlocución regular con todos los partidos y las comunidades autónomas, pero sí anunció que en la fase de desescalada que ahora comienza esa "cooperación" será más intensa. "Ahora que hemos superado los peores momentos de urgencia y, reconozcámoslo, de cierto agobio podemos ahondar en la cooperación y mejorar la cogobernanza en la desescalada", dijo, admitiendo implícitamente que, quizá, no hubo la fluidez de comunicación requerida por los ejecutivos territoriales. Fuentes gubernamentales indicaron que esa "cogobernanza" implica que el Gobierno central tendrá reuniones periódicas bilaterales para valorar los cambios de fase.

Sus principales aliados en el parlamento, PNV y ERC, que le avalaron en la moción de censura del 2018 y en la última investidura y ahora amagan con no apoyarle en la prórroga del estado de alarma, dirigen gobiernos autonómicos que, anunció, recibirán 16.000 millones de euros de un fondo no reembolsable, cantidad para cubrir el gasto sanitario (10.000 millones), como compensación por la caída de actividad económica (5.000 millones) y por gasto social (1.000 millones). Del fondo se beneficiarán todas las autonomías, no solo las más impactadas por la pandemia.

Sánchez concretará esa decisión a los presidentes autonómicos en la conferencia que mantendrá este domingo con ellos. Galicia podría recibir 1.300 millones, el 7% del fondo, si se utilizan los mismos criterios que para las entregas a cuenta del sistema de financiación, según cálculos de la Xunta.

Está por ver si este nuevo fondo para las autonomías y la intensificación de los contactos (discretos) que destacados miembros del Gobierno y el PSOE han hecho en los últimos días consiguen recoser las alianzas con unos socios que han empezado a distanciarse a medida que han empezado a percibir una erosión en el Ejecutivo. Máxime con elecciones por delante, como las hay en Galicia, Euskadi y Catalunya, aunque no estén señaladas en el calendario.

Las llamadas de los lunes

Lo que no consiguió Sánchez en su comparecencia es convencer a otros grupos de la oposición. Tampoco esperaba un súbito entendimiento con los conservadores, pero lo cierto es que se acabó generando una nueva controversia cuando el presidente aseguró que en las semanas que ha de pedir una nueva prórroga del estado de alarma llama los lunes a los líderes de todas las fuerzas políticas para traslarles esa decisión.

Fuentes del PP explicaron que Sánchez lleva 13 días sin hablar con Pablo Casado y desde esa conversación a la anterior habían transcurrido otros 20 días. Ciudadanos también aseguró que su presidenta, Inés Arrimadas, no habla con el jefe del Ejecutivo desde el 16 de abril.

Sánchez también anunció que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un nuevo tramo de 24.000 millones de euros de los 100.000 millones de avales públicos a créditos a empresas, pymes y autónomos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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