La macrocausa que investiga el mayor concurso de acreedores no inmobiliario de España quedó en stand by en marzo con la suspensión de todos los procedimientos judiciales por la declaración del estado de alarma derivado de la pandemia de Covid-19. El caso Pescanova quedó en un cajón, como los demás, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sorprendió este jueves a las partes personadas al emitir una providencia para establecer un nuevo calendario: arrancaría el 11 de mayo en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, en un polígono limítrofe a Torrejón de Ardoz. En ese mismo documento no refería ninguna medida específica de seguridad para las personas que tuviesen que acudir. Es más, solo los acusados podían excusar su asistencia en las primeras sesiones; sus abogados, y los de la acusación particular, deberían nombrar un sustituto en caso de no poder desplazarse. "Es de locos", lamentaba uno de los letrados. Hasta que el Tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios y que completan Carmen González Pastor y Juan Francisco Martel, emitió una providencia posterior horas después en el que volvía a poner en suspenso la reactivación del procedimiento. Pero no por la pandemia, sino por otro juicio. "Tienen prioridad las causas con preso".
La intención inicial de la Sala pasaba por culminar el proceso judicial entre el 11 y 14 de mayo, en sesiones de mañana y tarde. Y hasta ahí, porque serían las últimas fechas de un juicio que arrancó el 2 de diciembre, casi siete años después del colapso de la mayor multinacional pesquera de España y que desató una suspensión de pagos por más de 3.600 millones de euros. Solo quedan pendientes las conclusiones de cada una de las partes, el informe de Fiscalía y el turno de última palabra. Para esa última jornada -cuando finalmente se produzca- sí deberán desplazarse a Madrid todos los investigados. De las 19 personas imputadas en este caso, al menos tres de ellas solicitaron -y les fue concedida- la no asistencia al juicio por motivos de salud: el exconsejero José Antonio Pérez-Nievas (por la sociedad Iberfomento) y los exdirectivos Antonio Táboas Moure y Alfredo López Uroz.
