El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto ley del Gobierno para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento, que se tramitará como proyecto de ley. La medida fue respaldada por los partidos que conforman el Gobierno junto a PNV, Ciudadanos (Cs), ERC, EH Bildu, JxCat, Más País y BNG, mientras que el PP se abstuvo y Vox y Foro Asturias votaron en contra. El texto se tramitará como proyecto de ley, una petición de Cs que ha contado con la mayoría suficiente de la cámara.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió la necesidad de proteger "de manera extraordinaria" a las víctimas de violencia de género y a sus hijos durante el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que la convivencia de 24 horas con el agresor "exacerba los riesgos" de padecer conflictos y situaciones de violencia.
Montero recordó que la ONU urgió a los estados a dar una respuesta inmediata a ese peligro y afirmó que el incremento de casi un 50% de las llamadas al 016 constatan que la violencia machista se produce más y con más vigor.
El decreto ley declara esenciales los servicios de atención a víctimas, como el 016 o los centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros tanto para víctimas de violencia de género como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Así, permite el uso de hoteles y hostales para alojar a estas mujeres, determina que todos los centros tengan equipos de protección individual (EPI) para sus trabajadores y garantiza el normal funcionamiento del sistema de seguimiento telemático de los agresores.
Por último, habilita el mecanismo para que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan destinar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado para la Violencia de Género para que puedan poner en marcha medidas específicas necesarias durante esta crisis.
Montero trasladó a las víctimas de violencia machista "un mensaje claro: "No estáis solas (...) Los vecinos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Gobierno estamos aquí para ayudaros".
Por su parte, el PP criticó que el decreto contemple el incumplimiento de la ley general de financiación presupuestaria con carácter excepcional y la diputada Pilar Marcos volvió a reprochar a Montero que se alentara la participación en las marchas del 8-M.
La diputada de Cs María Muñoz subrayó que el confinamiento es una "exposición constante y permanente" de las víctimas. "El hogar, que tendría que ser refugio, se convierte en el foco de mayor peligro para muchas mujeres" , apuntó, y esto requiere unidad y el "mayor esfuerzo" de las instituciones.
En ese sentido, Sofía Castañón (Unidas Podemos) destacó que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de estado, exigió que "no forme parte nunca más de nuestra normalidad" y aseveró que quienes rompen el consenso "están rompiendo con principios democráticos básicos".
Vox, en palabras de su diputada Carla Toscano, tachó de "lamentable" que se hable en el Congreso de violencia de género "con 24.000 fallecidos por coronavirus" debido a que "la maquinaria de propaganda del feminismo marxista no descansa". "El feminismo sectario y excluyente es la peste roja", dijo.
La socialista Zaida Cantera denunció que el confinamiento es un "infierno sin interrupción" para las víctimas de violencia de género y aseguró que el decreto "tiende la mano a esas miles de mujeres".
