El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma procesal para mejorar la eficiencia de los juzgados y su adaptación al mundo digital y avanza en el plan de choque que articula medidas organizativas, tecnológicas y normativas con el que confía evitar el colapso de esos órganos cuando concluya el estado de alarma. Ese plan, conforme a los decretos aprobados, debería estar listo en quince días después de que se acabe el confinamiento.
El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, presentó el proyecto ayer a los máximos representantes de los consejos generales de la abogacía, los procuradores y los graduados sociales, a quienes busca implicar en las reformas junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias.
Las iniciativas en estudio, apunta Justicia en un comunicado sin concretar detalles, buscan reactivar el sector tras el fin de las medidas de confinamiento, conscientes todos los operadores de que se registrará un importante incremento de casos por despidos, ERTE, concursos, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el confinamiento. El objetivo es centrarse en los ámbitos social, contencioso-administrativo y mercantil, los órdenes jurisdiccionales que se van a ver más afectados por el parón de la actividad. "La Justicia ha de formar parte de la reactivación de la economía", subrayó Campo.
