En torno a una treintena de jóvenes gallegos precisa cada año del auxilio de la administración autonómica para proseguir sus estudios universitarios ante circunstancias económicas adversas sobrevenidas e imprevistas durante el curso, como desempleo, orfandad, incapacidad... El año que viene serán, posiblemente, muchos más. O así parece entenderlo la Xunta. La conselleira de Educación, Carmen Pomar, reclamaba en el encuentro de ayer de la Conferencia de Política Universitaria al ministro de Universidades, Manuel Castells, que "aclare ya" la política de becas para que "ningún alumno o alumna se vea perjudicado por la situación actual" y la incluya en sus criterios.

Pomar, según un comunicado difundido por el Ejecutivo gallego, recordó en la reunión que "no se puede tomar como referencia la renta del año pasado para la concesión de estas ayudas, dado que muchas familias están sufriendo una importante pérdida de recursos económicos" por la crisis del Covid-19.

Además, también habrá que adaptarse, defendió, a la modificación del calendario de las pruebas de acceso a la universidad, lo que exige variar los plazos de la convocatoria de becas de matrícula del Ministerio. Por lo tanto, la Xunta ve "necesario" abordar "una remodelación de los requerimientos" y "lo antes posible para dar certezas a alumnado y familias".

La conselleira conminó además al ministro a fijar una postura "clara" sobre precios públicos de matrícula, que Galicia congelaba el año pasado por noveno año consecutivo. La Xunta alega que Castells habló hace dos meses de fijar un precio máximo por crédito y eliminar las horquillas y las comunidades están pendientes de elaborar sus órdenes de acuerdo con las directrices ministeriales, que abogan por conocer cuanto antes. En respuesta, según la Xunta, se les emplaza a una reunión específica para dentro de dos semanas.

Según fuentes del Ejecutivo gallego, la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) no estuvo en el orden del día, pero sí se abordó un documento de instrucciones en torno a la modificación de las guías docentes, el enfoque de las prácticas o las memorias de evaluación, entre otros. No obstante, la Xunta considera que, "con el fin de curso a las puertas", se quedó "obsoleto" y alega que Galicia ya trabaja en "estrecha cooperación con los rectores de las tres universidades", que están publicando sus instrucciones para fin de curso tras acordar el 6 de abril mantener el calendario sin retomar las clases presenciales en este curso 2019/2020. En el documento del Gobierno, por ejemplo, se anima a "transformar la evaluación presencial actual en un sistema de evaluación no presencial".

Ya lo contempla, por ejemplo, la propuesta de la Universidade de Santiago para evaluar el curso, que establece que "siempre" que sea "posible, la evaluación se realizará con procedimientos no presenciales y basados en la evaluación continua que no exijan" realizar exámenes o pruebas específicas y se busca que el alumno pueda participar en condiciones "adecuadas". En cuanto al segundo cuatrimestre, plantea que, "una vez superada una materia, esta recibirá una calificación que como mínimo será la correspondiente a la nota media del expediente". Si es superior, se reflejará la nota obtenida.

No obstante, el malestar de los universitarios gallegos ante la gestión de la crisis ha culminado en una huelga indefinida desde hoy en las tres universidades convocada por Anega que invita a no asistir a clases virtuales y a no entregar trabajos. Instan a acabar el curso y a la superación automática del cuatrimestre restante, pero sin contar para la nota media.