En poco más de un mes cumplirá tres años como secretario xeral de CC OO Galicia. Ramón Sarmiento atiende a FARO desde su domicilio, y advierte que la reactivación de la actividad deberá realizarse sin "pasos en falso" para no alterar la contención de la pandemia Covid-19.
- Los ERTE por causa de fuerza mayor no requieren de periodo de consultas, y los que están sujetos a causas de producción, limitado. ¿Qué margen de maniobra queda a los sindicatos?
- Son procesos de negociación rápidos. Aunque los de fuerza mayor a priori no conlleven periodo de consultas, es así legalmente, empresas que sí los han planteado establecieron esas consultas, con acuerdos de acompañamiento en muchos de ellos. En los de causas de producción sí hay un proceso de negociación, en general ha existido una orientación hacia el acuerdo. En este momento estamos trabajando para que las empresas puedan anticipar las prestaciones, ya prevemos que hay un cuello de botella en la tramitación de prestaciones.
- En torno a la mitad de los ERTE presentados en Galicia no han sido ratificados todavía, con lo que el abono de las prestaciones a los afectados se producirá en mayo. ¿De qué manera pueden las empresas paliar este retraso?
- Es prioritario que los trabajadores dispongan de unos ingresos regulares. Nos podemos encontrar con que el SEPE devengue a dos meses, y en un contexto de confinamiento no es aceptable que la gente carezca de ese ingreso regular, o que se quede sin él durante cincuenta o sesenta días. Este es precisamente uno de los elementos de negociación con cada empresa que plantee un ERTE. Lo que pedimos al SEPE es que gestione el pago de las prestaciones con algún formato extraordinario, la normativa ya contempló una agilización en la tramitación de expedientes con la consideración del silencio administrativo como un positivo. Si alguien tiene capacidad de pagar casi cuatro millones de prestaciones es el SEPE.
- Este lunes buena parte de las actividades consideradas no esenciales programan la vuelta al trabajo, como el naval o la construcción. ¿Están en condiciones de hacerlo con seguridad?
- Salvo en la enseñanza, comercio y la hostelería, actividades que pararon a golpe de real decreto, el resto de las actividades no esenciales pararon bastante de que se les hubiese ordenado. Y muchas de ellas porque no habían reaccionado a la correcta implementación de protocolos de seguridad, o eran incapaces de hacerlo. Han pasado dos semanas mínimo, si las empresas han sido capaces de replantearse a nivel organizativo y de hacer acopio de EPI [equipos de protección individual] lo veremos esta semana que viene. Y, aún así, por mucho protocolo y EPI, necesariamente deberán rebajar la densidad laboral.
- En algunas factorías de componentes de automoción fueron los propios comités de empresa los que instaron, o incluso forzaron, el cese de actividad. ¿Qué van a exigir para la próxima reactivación?
- Desde el principio no hemos querido marcar ninguna diferencia en cuanto a protocolos de seguridad entre actividades esenciales y no esenciales. Es preciso paralizar todas las actividades inseguras, sin distinciones. Hasta esta semana no sabemos cómo va a estar de normalizado el suministro de equipamientos de protección individual, fundamentalmente mascarillas, que se convirtió en un artículo de lujo. No había. Si hay un flujo más normalizado de EPI y se adoptan medidas organizativas adecuadas, bien. En algunas actividades es muy complicado prescindir de zonas comunes, la propia dinámica de trabajo hace casi imposible mantener las distancias de seguridad recomendadas. En estos casos, o reparten EPI y adaptan horarios o no podrán trabajar. No hablamos solamente de riesgos laborales, sino de protección del conjunto de la sociedad. Lo peor que nos puede pasar es una reactivación de la actividad en falso, creo que todos estamos de acuerdo en eso. No cometamos errores.
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- El Ejecutivo replicó en cierta medida iniciativas como las del Gobierno italiano o griego con el veto al despido. ¿Es suficiente o acertada?
- Por primera vez desde CC OO tenemos la sensación de que sí se ha puesto a la gente en el centro de la iniciativa política. Es un drama tener cuatro millones de personas vinculadas a un ERTE, pero imaginemos no haber contado con esta red de protección.
- En el mes de marzo la firma de contratos cayó con estrépito en casi todas las actividades. En las sanitarias solo se elevó un 0,1%.
- La Xunta no ha tomado ninguna medida de acompañamiento en la derivada laboral de la crisis sanitaria. Afortunadamente en el aspecto sanitario tenemos mucho menos estrés que en otras zonas, se está gestionando con suficiencia. Pero en el ámbito laboral no es así. Hemos solicitado la adopción de distintas medidas sin que las hayan tenido en cuenta. Y alguna decisión, como el decreto de liberalización de horarios, fue un error. No existía una demanda social, y el sector no solo no la ha seguido, sino que está haciendo lo contrario: reducción de horarios, cierres en festivos... a pesar de que la Xunta el día 13 decretara esa libertad de horarios comerciales en Galicia. Evidencia el distanciamiento y desconocimiento del Gobierno de Galicia de la realidad social y empresarial.
- Se han detraído a las comunidades autónomas los fondos de formación para asumir el coste extraordinario del SEPE. La Xunta cifra esta partida en 100 millones.
- Avalamos la decisión que tomó el Gobierno central. La demanda de recursos públicos debe ser priorizada, se está reconociendo acceso a prestaciones a colectivos que antes no lo tenían, como empleados del hogar o autónomos. No es el momento de hablar de formación, entre otras cosas porque no se puede dar. La Xunta lleva no ejecutados fondos para formación por 10.000 millones de euros en la última década, no llega al 50% de ejecución cada año. A día de hoy siguen disponibles recursos de convocatorias de formación de 2016, 2017 y 2019. Esas convocatorias siguen abiertas. A alturas de año creo que, aun así, van a seguir sobrando fondos. Si quieren hacer de esa decisión del Gobierno un elemento electoral, que lo hagan, pero no se corresponde con la acción del Gobierno de la Xunta.
- Uno de los principales reproches de los empresarios al Gobierno incide en el continuo cambio de legislación, e inseguridad jurídica. ¿Cuál es el suyo?
- No tenemos críticas que hacer. Reconocemos que se hayan priorizado una respuesta a la crisis sanitaria, con una orientación de gestión de epidemia. Tendrá que adoptar nuevas medidas muy contundentes para que no sufrir una pandemia en el aspecto económico.
