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Las necesarias lecciones para una protección futura

Los expertos echan en falta mayor coordinación pública, un "plan de guerra" ante pandemias y una reserva obligatoria de material

Una enfermera en la entrada de urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro el 21 de marzo. // R. Grobas

Una enfermera en la entrada de urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro el 21 de marzo. // R. Grobas

Desde que en diciembre pasado el coronavirus Sars-Cov-2 brotó en la ciudad china de Wuhan, la vida ha cambiado por completo, con la mitad de la población mundial recluida en sus hogares. Casi 1,3 millones de ciudadanos están contagiados de Covid-19 en todo del mundo, de los que 140.510 corresponden a España y 5.435 a Galicia. La enfermedad se ha cobrado en todo el globo más de 72.000 vidas. El Gobierno ha alegado la incapacidad de predecir una pandemia de este calado para justificar la dificultad de responder ante ella, aunque las reacciones de todas las administraciones ha evidenciado que se obviaron lecciones pasadas, que en el futuro deberán ser parte de un catecismo ante crisis sanitarias que las autoridades pronostican como seguras.

España no se ha visto nunca ante una situación como la actual. Sin embargo, sí padeció en la última década dos episodios que amenazaron con generarla y de los que los gobiernos presididos por PSOE, PP y PSOE otra vez no concluyeron la necesidad de contar con una estrategia de guerra para protegerse ante crisis que remiten a películas de ciencia ficción por su impacto y consecuencias.

Tras la epidemia de gripe A, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una Ley General de Salud Pública que fue aprobada en 2011, pero sus sucesores, el popular Mariano Rajoy y el también socialista Pedro Sánchez, no la desarrollaron. Aquella epidemia dejó 271 muertos en medio año en España, pero fue contenida gracias al desarrollo de una vacuna en solo tres meses. Cinco años después, en 2014 la enfermera Teresa Romero contrajo el virus del ébola que hasta entonces estaba confinado en África y, por tanto, ausente de la agenda europea.

Esa ley, vigente, pero preceptos como la puesta en marcha de un Centro Estatal de Salud Pública, encargado de la coordinación entre Gobierno y comunidades ante peligros para la salud pública, no han sido cumplidos. Ese papel está reservado en términos generales para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero las actuales dificultades para adquirir material sanitario han evidenciado su ineficacia en ese papel, así como la ausencia de una acción más rápida en las residencias de mayores.

"Esta crisis era una gran oportunidad de convertirlo en el verdadero órgano colegiado de gobierno de nuestra sanidad. El Sistema Nacional de Salud es el Consejo Interterritorial, no el Ministerio. Es algo que nunca hemos conseguido resolver, de manera que el Consejo actúa como otro frente de gobierno/oposición", resume Boi Ruiz, doctor en Medicina y Cirugía, exconseller de Salud de la Generalitat entre 2010 y 2016 y director de la cátedra de Gestión y Políticas Sanitarias de la Universidad Internacional de Cataluña. Este reconoce que la pandemia es "consecuencia de una epidemia no contenida", pero se muestra comprensivo: "Lo que es técnicamente fácil de proponer es, a veces, políticamente difícil de decidir. No debería, pero es así".

Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, el Ministerio de Sanidad asumió la compra centralizada de material, aunque luego matizó que las comunidades podían realizar sus propias adquisiciones, evidenciando descoordinación en un aspecto vital.

"El ministerio debería haber mandatado a la comunidad con más tradición y éxito en hacer compras sanitarias y, por supuesto, con independencia de su color político (o, para evitar suspicacias, dentro de las del mismo color político que el Gobierno central, la de mayor tradición y éxito comprador) que se ocupase de todas las compras a nivel estatal", opina Manel Antelo, profesor del departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidade de Santiago (USC). Boi Ruiz coincide: "Se puede preservar la equidad con mecanismos ministeriales para el control y la coordinación, dejando en manos de las comunidades la gestión de la compra. La eficacia sería mayor".

Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y miembro del grupo de investigación GEN y del Foro Económico de Galicia, justifica esa decisión, pues "el Gobierno central dispone de aviones militares y, por lo tanto, resulta más sencillo el traslado de productos sanitarios, frente a la opción de los aviones comerciales". Defiende como idóneo un sistema de compra centralizada y posterior distribución "consensuada" entre comunidades.

Esos problemas podrían haberse evitado con mayor previsión, en opinión de Juan Carlos Reboredo, profesor en la facultad de Ciencias Económicas de la USC, que observa una "falta de planificación y, sobre todo, de anticipación a los hechos cuando ya existían indicios claros y evidentes de la crisis y de sus efectos". "La necesidad de adquirir el material a nivel centralizado es una muestra de que las autonomías no han hecho del todo bien sus tareas en términos de dotarse de los recursos más básicos ante una situación de emergencia relativamente previsible como la actual. Es curioso que, respetando la autonomía de los diferentes servicios de Salud, no se haya sido capaz a lo largo de los últimos 15 años de desarrollar portales de compras como en el NHS británico o como las experiencias del sector privado en España, que no se han visto condicionadas por las diferencias entre territorios", añade.

Lo que todos echan en falta es plan de guerra para emergencias, necesidad que debería haberse tenido en cuenta tras la gripe A o el caso de ébola. Esa hoja de ruta debería establecer una reserva obligatoria de material y la fórmula para fabricar en el Estado mascarillas o respiradores, por ejemplo, con mayor rapidez para no depender de proveedores externos.

"La ausencia de protocolos para la prestación de un servicio asistencial en condiciones extremas ha dado lugar a la toma de decisiones precipitadas que no siempre han dado el resultado deseado", censura Reboredo, quien demanda como imprescindibles protocolos para emergencias como la actual que "cuantifiquen los recursos humanos y materiales susceptibles de ser usados en circunstancias extremas y la resiliencia de nuestro sistema de asistencia sanitaria. Asimismo, también es necesario diseñar una política de seguridad sanitaria nacional que garantice una producción mínima de material sanitario y tratamientos para que en caso de emergencias nacionales estas cadenas de producción puedan suplir la ausencia de suministro en los mercados internacionales". "Me sorprende la escasa capacidad de la industria española para redireccionar muchas de sus actividades a lo que ahora es prioritario", zanja Antelo.

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