El millón de test rápidos recibidos esta semana por el Gobierno central ofrecen una tasa de acierto del 80% cuando el paciente lleva siete o más días contagiado y del 64% antes de ese período, según expuso ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, donde expuso la situación de la pandemia de Covid-19.

La adquisición de test rápidos estuvo envuelta en polémica porque el Gobierno tuvo que cancelar la compra de más de medio millón de pruebas por ofrecer errores de diagnóstico. Los nuevos test no garantizan el 100% de fiabilidad y se están usando como "complemento" a las pruebas PCR, las "más fiables", pero cuyos resultados demoran varias horas y requieren personal cualificado.

El objetivo de Sanidad es "hacer el máximo número de test posibles a las personas que tengan síntomas" -se realizan diariamente entre 15.000 y 20.00- y contar con los mejores. "Los test rápidos son un complemento adecuado a las PCR en acciones de cribado en entornos como hospitales y residencias de mayores. Es el uso que se les va a dar después de abordarlo conjuntamente con las comunidades autónomas, en base a las informaciones del Instituto de Salud Carlos III", dijo el ministro, que admitió que han preparado un protocolo para trasladar a pacientes de UCI entre comunidades, aunque de momento no han previsto emplearlo.

Salidas de niños

Illa también admitió que el Ejecutivo bajara permitir las salidas de la población a la calle para hacer deporte y en compañía de niños cuando descienda el número de contagios, aunque cualquier decisión está condicionada a "garantizar que no vuelva a rebrotar" el Covid-19-. "No me comprometo a que se lleven a la práctica, pero lo estamos estudiando. Son dos de las cosas que hay que considerar en función de cómo evolucione la epidemia esta semana y la semana que viene, junto con los datos que vayamos teniendo", expuso.

La oposición criticó la gestión del Ejecutivo, denunciando su unilateralidad. La popular Cuca Gamarra lo acusó de "incompetencia" en la gestión de compras centralizadas de material médico mientras Vox exigió la dimisión no solo de Illa, sino también del presidente del Gobierno.

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, reclamó al ministro la realización de test masivos para identificar al mayor número posible de contagiados.