El Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas para salvar a los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus, un colectivo que estima en medio millón de familias. Microcréditos del Estado a seis años o ayudas directas de hasta 900 euros tras la pandemia, prórroga de seis meses en los contratos que finalicen durante el estado de alarma -ampliado hasta el 12 de abril- para evitar subidas abusivas o estampidas de propietarios del mercado del arrendamiento, la suspensión de los desahucios para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad hasta final de año y quitas del 50% o la reestructuración de la deuda en tres años por parte de grandes tenedores de vivienda.
Sobre estos últimos, propietarios de más de 10 pisos, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, advirtió ayer de que "tendrán que arrimar el hombro" para reforzar el llamado "escudo social" contra el coronavirus.
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Junto al decreto para mitigar el impacto del coronavirus en el mercado del alquiler, con un coste de 700 millones de euros, el Consejo de Ministros dio luz verde ayer a una prestación para las empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social que pierden su trabajo o unas horas, otra ayuda para los trabajadores temporales que no tienen el tiempo de cotización suficiente y una moratoria de seis meses en la cotización a la Seguridad Social para los autónomos.
| Créditos y ayudas para evitar los desahucios
Los inquilinos afectados por la crisis podrán acogerse a un microcrédito del Estado a interés cero, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades. Si terminada la crisis se sigue ante una situación de vulnerabilidad el Gobierno pagará el alquiler por un máximo de 900 euros al mes y 200 euros más para suministros y mantenimiento.
| Inquilinos en riesgo de exclusión y afectados por ERTE
La resolución solo afecta a los inquilinos que se consideren vulnerables por el impacto del Covid-19: parados, afectados por un ERTE, con reducción de jornada o autónomos que hayan visto reducirse sus ingresos y cuyos ingresos no lleguen al límite de tres veces el Iprem, 1.635,8 euros (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo).
| Quitas o reestructuración de deudas
En el paquete de medidas para blindar los contratos de alquiler actuales, el Gobierno distingue entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores. A los primeros, el Galicia son entorno al 95% de los propietarios (tienen una o dos viviendas en alquiler y con sus rentas complemento ingresos) tratará de garantizarles el cobro de la renta poniendo a disposición de los inquilinos una línea de créditos sin interés para asumir el pago. Pero a los grandes propietarios -aquellos que tengan al menos diez pisos- se les obliga a aceptar pagos aplazados durante tres años o a asumir quitas de hasta el 50%.
| Cortes de suministro y bonos sociales
Con el estado de alarma en vigor, no se podrá cortar el suministro energético ni el agua en la vivienda habitual. El Gobierno también ha decidido ampliar el bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducida su facturación por la crisis del coronavirus.
| Subsidio para las empleadas del hogar
Recibirán un subsidio por desempleo temporal si se han quedado en el paro o se les ha reducido sus horas de trabajo. Esta ayuda, según el decreto aprobado ayer, será compatible con el mantenimiento de una parte de la actividad laboral.
| Prestación extraordinaria de desempleo
Afecta a los trabajadores temporales cuyo contrato finalizó tras la declaración del estado de alarma. Para estos trabajadores que no tengan la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio, se establece un subsidio de desempleo excepcional, sin requisito de carencia.
| Una ayuda de 430 euros para quien no pueda cobrar el paro
Los trabajadores temporales sin derecho a paro tendrán un subsidio de 430 euros si les vence el contrato durante la crisis.
